En la última década, sólo 10% de más de un millar de bienes "rescatados" por el Estado han recibido algún pago por sus bienes.

El proceso de expropiaciones emprendido por el Gobierno no corresponde con el número de indemnizaciones a los que obliga la Ley de Expropiaciones.

En la última década, sólo 10% de más de un millar de bienes "rescatados" por el Estado han recibido algún pago por sus bienes, y en menor proporción un "justiprecio" acordado por las partes.

En esta proporción coinciden entidades como Conindustia, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) y el Observatorio de la Propiedad (ODP) de Cedice.

Únicamente el año pasado, se produjeron 499 expropiaciones en el sector industrial, equivalente a unas 10 por semana, según datos de Conindustria. El ritmo, lejos de desacelerarse, tiende a crecer: 80% del total de las ocupaciones se ha registrado a partir de 2009 en adelante.

Una muestra de los retrasos de los pagos son los juicios abiertos en tribunales internacionales por 22 transnacionales expropiadas, con las cuales el Gobierno no ha llegado a un acuerdo sobre el monto de las compensaciones, salvo el caso de la cementera mexicana Cemex (expropiada en 2008), con la cual finalmente decidió en diciembre de 2011 el pago de $240 millones de un total de $600 millones acordados.

Otro caso que se excluye es el de la mexicana Monaca (Grupo Gruma), cuya expropiación también revirtió dando paso a la negociación de una empresa mixta.

A $34.000 millones asciende la deuda del Estado con las empresas expropiadas nacionales y extranjeras (no se incluyen tierras ni inmuebles urbanos), según la firma Ecoanalítica. De ese total, sólo ha cumplido con unos $11.500 millones, es decir, aún debe responder por $22.500 millones, un poco menos de lo que Pdvsa invirtió en gasto social en 2010 ($20.549 millones).

"Se trata de un club selecto de empresas que pudieron recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Pero el venezolano común, el pequeño y mediano empresario, no tiene dónde reclamarlos en el contexto actual", observa el abogado e investigador Antonio Canova.