Productores e importadores deben adaptar inventarios y estructuras de costos; además, celebran que finalmente se haya establecido el porcentaje de intermediación.

La nueva providencia que fija y marca precios de bienes y servicios en Venezuela podría impactar de forma orgánica a las empresas de producción e importación, por lo que deben adaptarse rápidamente a la normativa, señalaron voceros de la Alianza Nacional de Protección al Comerciantes (Anprocom).

A juicio del director de Análisis Financiero de esa organización, Eduardo Rojas, los sectores económicos en Venezuela, en primer término, deben dinamizar sus inventarios. “La clave para las empresas en la adaptación a los nuevos ajustes y figuras de la Ley de Precios Justos es manejar de forma eficiente sus inventarios y dinamizarlos”, subrayó.

Rojas agregó que esta situación dependerá de la producción, el mejoramiento en la adquisición de materias primas y la venta de los bienes y servicios finales, respetando los nuevos sujetos de aplicación contenidos en el artículo 2 de la providencia vigente.

La Ley de Precios Justos define los inventarios como el lugar físico donde se encuentran aquellos activos que están en proceso de producción o que se mantienen como materiales y elementos destinados a los consumidores.

El otro elemento notable en que las empresas deben focalizarse para que no disminuyan sus ganancias reales es en la estructura de costos.

“Por ejemplo, habría que observar en la práctica si los márgenes de ganancias para el productor e importador, fijados en 30% y 20% respectivamente, son los adecuados. Para saberlo, las empresas deben ajustar sus estructuras de costos”, resaltó.

La estructura de costos debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable con apego a los principios de contabilidad.

Además, el costo será el valor de los elementos necesarios, directa o indirectamente, utilizados para la producción de un bien.

En cuanto a las posibles sanciones y multas que se podrían generar a consecuencia de los nuevos ajustes, el representante de Anprocom mencionó que “se están evaluando otras sanciones y multas, tanto administrativas como penales”.

La providencia no hace referencia a ningún tipo de sanción para las empresas que incumplan con el marco jurídico, aunque voceros del Ejecutivo han mencionado la posibilidad de fijar penalizaciones en los próximos días.

En el caso de las inspecciones y/o fiscalizaciones, el director de la alianza informó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) será la encargada de realizar las inspecciones en primer momento.

Y recalcó: “Las empresas no deben temer al trabajo de los fiscales de la Sundde”, al tiempo que reiteró que los productores e importadores tendrán el control de la fijación de los precios y deberán aplicar lo que está contenido en la normativa.

“Desde mi óptica, los privados han tomado con mucha responsabilidad los nuevos ajustes que se hicieron a la Ley de Precios Justos”, destacó Rojas.

Punto novedoso

El artículo 2 de la providencia administrativa conceptualiza el Margen de Intermediación (MI) como la relación porcentual entre el Precio Máximo de Venta al Público (Pmvp) y el Precio Máximo de Venta del Productor o del Importador (Pmvpi).

El margen de ganancia, para esta categoría, es 60%, “cuestión que no estaba contemplada antes en la ley”, resaltó el directivo de la firma venezolana.

Según la normativa pretérita, el beneficio para la intermediación, repartido en toda la cadena, era de 54%. “Hubo casos notorios en que no se respetó este margen”, contó Rojas.