Cuando el gobierno piensa en bajar la inflación sale a relucir el nivel de ganancias de las empresas privadas.

Esta vez el lobo que amenaza salir es la Ley contra los Monopolios que ha sido anunciada, pero nunca aprobada; o una ley que peche las ganancias.

La Ley de Costos y Precios Justos y su Superintendencia parecen no haber sido suficiente para frenar ese mal que evapora el salario del venezolano.

El gobierno considera que hace falta más control sobre las actividades productivas, sin que se detenga a pensar en cuáles son los factores reales que crean distorsiones en los precios.

Un arma para esto puede ser que el Parlamento finalmente debata y sancione la Ley contra los Monopolios, un mandato constitucional que buscaría reglamentar el comportamiento de las empresas.