La polémica por la aplicación de la Ley de Emolumentos en Venezuela continúa, mientras algunos altos funcionarios critican la legislación, otros empleados públicos y hasta el propio Gobierno sacan sus cuentas del impacto que tendrá la reducción de los salarios.

En el presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal de 2011 se tiene previsto la erogación de 354 millones de bolívares fuertes (US$82,3 millones) para la cancelación de los salarios de los trabajadores con cargos de alto nivel y de dirección nacional. Por lo que de ejecutarse una reducción de 50% en promedio de los sueldos que exceden de los topes fijados en la legislación, el Fisco se ahorraría Bs.F. 177 millones, aproximadamente.

La Ley de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público establece topes desde 6.119 bolívares fuertes (US$1.422) hasta 14.686 bolívares fuertes (US$3.414); cuando en la actualidad algunos funcionarios de organismos públicos devengan entre 30.000 (US$6.975)y 35.000 bolívares fuertes (US$8.138) mensuales.

Igualmente en su articulado ordena la reducción de aquellos salarios que se encuentren por encima de los nuevos topes establecidos en la ley. Esta disposición ha sido cuestionada tanto por empleados de la administración pública como por especialistas en derecho, quienes han advertido que es inconstitucional desmejorar el salario de un trabajador.

Representantes sindicales han señalado que la colocación de topes a las remuneraciones de los empleados de alto nivel, afectará también la futura discusión de los aumentos salariales y de convenciones colectivas. Explican que pudieran colocarse igualmente techos a los sueldos del resto de los trabajadores de la nómina media o profesional.

En algunos casos, se prevé que para este año no se lleven a cabo los acostumbrados aumentos salariales o se les disminuya el resto de los beneficios contractuales como bonos.

A invertir ese dinero

Mientras esa discusión continúa, el Gobierno podría aprovechar esos ahorros de alrededor de 177 millones de bolívares fuertes para invertirlos en otras áreas prioritarias para el país, como la construcción de viviendas o la sustitución de ranchos por viviendas.

Si se toma en cuenta que edificar una unidad habitacional cuesta alrededor de 120.000 bolívares fuertes, con el ahorro por la rebaja de los salarios se podrían construir 1.475 viviendas.

Mientras que a un costo de aproximadamente 295.000 bolívares fuertes, de una casa de 75 metros cuadrados, tres habitaciones y un baño, se podría adquirir unas 600 unidades.

Desacuerdo

La magistrada del TSJ, Blanca Mármol de León expresó su "rotundo" desacuerdo con la Ley de Emolumentos que obliga a poner un techo a sus sueldos.

En una entrevista en Globovisión calificó de "absurda e inconstitucional" al alegar que busca "igualar hacia abajo" los salarios. La magistrada cree que todos los demás deben estar preparados para ajustarse a este igualitarismo y dijo que "todos los que están a mi lado trabajando como asistentes tienen un mejor sueldo que yo".

Aseguró que en el TSJ llevan cuatro años sin recibir aumentos y con esta rebaja en los dos últimos años "no podremos cubrir la cesta básica".

También criticó la posición del contralor, Clodosbaldo Russián, al respaldar la Ley argumentando que si bien él apoya la normativa diciendo que se reconoce la experiencia, calificación y el principio de progresividad de las personas que no estén en altos cargos, "estos mismos elementos no cuentan para funcionarios como ella". "Nosotros quedamos fuera" dijo Mármol de León.

A su juicio, lo dicho por el contralor "es una opinión que no tiene ninguna base de sustentación y si esa es la ética socialista, qué Dios nos libre".

Explicó que "en nombre de la ética socialista" se quiere rebajar el sueldo a los funcionarios, puesto que esta nivelación lleva a "todos hacia abajo, ojalá fuera todos hacia arriba".