“Evidentemente no hemos podido reducir esta deuda interna porque todo este tiempo (la) hemos reconvertido a esta nueva estructura”, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, en entrevista con radio Patria Nueva.

“Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, en enero del 2006, el Estado tenía una deuda de cerca de Bs22.000 millones (US$3.111 millones). Esa deuda, contraída en el pasado por los gobiernos neoliberales, sirvió para que el Estado, que no tenía plata —por los déficits fiscales que consecutivamente tenía—, pague no solamente los salarios, sino inclusive las pensiones del sistema de reparto”, aseguró.

En 1996, Bolivia cambió ese modelo por el de capitalización individual. En el primero, las rentas de los jubilados eran financiadas por los trabajadores activos. En el segundo (vigente ahora), cada obrero aporta individualmente. Tras la reforma, el gobierno decidió que el Tesoro asuma por 40 años el pago a beneficiados del antiguo régimen.

Mecanismo. “En el pasado, con decreto supremo, los gobiernos neoliberales obligaron a las AFP a que les compren  bonos del Tesoro para que se financien con esos recursos los gastos”, explicó el ministro.

En el mercado bursátil, el emisor de bonos, letras, pagarés y otros valores obtiene recursos de los inversionistas que los adquieren.

Gran parte de la deuda, detalló, estaba en dólares, con tasas de interés de entre 10% y 12% y plazos de vencimiento de hasta dos años. “Este tramo de la deuda neoliberal era insostenible, por eso tenían déficits fiscales persistentes”, acotó.

“Hemos hecho que las tasas de interés disminuyan. Por ejemplo, ahora estamos pagando, a 2,6%, en bolivianos y los bonos ahora los sacamos a más de 30 años”, aseguró el titular de Economía.

Según el ministro, “ahora nuestra deuda pública interna, con esos bonos, es mucho más manejable, es lo que nosotros los financistas denominamos una deuda sostenible”.

“Desde el punto (de vista) financiero era imposible que toda esta deuda heredada de los gobiernos neoliberales, $us 3.000 millones, la podamos resolver en cinco años de gobierno, imposible. En todo este tiempo hemos reestructurado esta deuda y ahora empieza gradualmente a repagarse”, aseguró Arce.

Continuidad. El 13 de junio, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, indicó que desde el 2007, el Estado ya no emite bonos obligatorios del Tesoro para financiar el déficit fiscal generado por la reforma de pensiones. “En los últimos tres años no hemos emitido bonos obligatorios. Las AFP van por su propia voluntad a invertir en el Tesoro y lo siguen haciendo”, dijo entonces.

El 16 de noviembre, Arce afirmó que “el diseño del (nuevo) sistema de pensiones no afecta para nada el déficit fiscal, las cuentas del sector público”. Con relación al viejo sistema de reparto, la autoridad de Gobierno sostuvo que el mismo “va a continuar, está dentro de nuestros cálculos y el mismo no va a generar mayor presión en el déficit”.

Reiteró que actualmente existen más de 40.000 personas que cumplen con todos los requisitos para jubilarse, pero que prefieren seguir trabajando debido a las bajas rentas del actual modelo.

Podrán adelantar aportes. El proyecto de la nueva Ley de Pensiones permite que el trabajador realice hasta 12 aportes por adelantado, es decir, pagar un año y volver a aportar en la siguiente gestión. Para este sector, el aporte mínimo es de Bs 98 por mes, con los cuales tendrá una renta mínima de Bs 476 tras 10 años.

El obrero por cuenta propia podrá retirar de la gestora estatal hasta el 100% de sus aportes para la jubilación. La entidad le entregará también sus intereses. El afiliado podrá devolver el dinero retirado, más los rendimientos, y seguir aportando para jubilarse.