La Paz. Según un informe del Ministerio de Minería y Metalurgia, en la actualidad existen 29 conflictos latentes entre cooperativas mineras y comunarios que no fueron solucionados. Las regiones donde se registran más problemas son La Paz, Potosí y Oruro.

El documento del ministerio, al cual tuvo acceso el diario La Razón, da cuenta que en La Paz se registran 16 casos latentes; mientras que en Potosí, cinco; en Oruro, cuatro; en Santa Cruz, dos, y en Beni y Pando, uno.

De todos los casos registrados, once son por avasallamientos y cuatro por contaminación del medio ambiente, entre otro tipo de denuncias.

En noviembre del 2010, el presidente de la cámara nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos, denunció que cerca de 201 concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro fueron avasalladas por comunarios desde el 2004, “cuando comenzaron a elevarse internacionalmente los precios de minerales como el estaño y la plata”.

En La Paz, según los casos más relevantes, la empresa minera Himalaya fue tomada por comunarios de la central agraria Cayinbaya sector III, provincia Murillo.

Hasta el momento, un equipo de auditores trabaja con la corporación minera de Bolivia para solucionar el conflicto y se emitió una resolución interministerial.

Otro de los casos que se registran, es la denuncia de la comunidad Agua Blanca sobre daños al nevado del cerro Presidente por parte de la Cooperativa Flor de Nevado.

Al menos 180 familias, que se proveen de agua por el deshielo del nevado son afectadas por la contaminación. El ministerio de Medio Ambiente y Aguas realiza inspecciones para corroborar las denuncias.

También se registró el avasallamiento y desalojo a la empresa minera Mauricio Ignacio por la Central Agraria de Zongo. Las partes tienen voluntad de diálogo y fueron citadas por el ministerio de Gobierno, se lee en el informe.

En el departamento de Oruro, el ministerio de Minería recibió denuncias de que comunarios de la provincia Cercado piden resarcimiento de daños ambientales de sus tierras ocasionados por la Empresa Minera Inti Raymi.

La empresa fue convocada por el ministerio y la Gobernación.

En Potosí, se denunció la explotación irracional del Cerro Rico, por lo que una comisión técnica estatal trabaja en el levantamiento topográfico del cerro y otra comisión analiza las posibles soluciones al patrimonio.