Tegucigalpa. La secretaría de Finanzas de Honduras mantiene diálogos con al menos dos bancos estadounidenses para analizar la posibilidad de que los pagos que actualmente perciben los consulados se efectúen en sus ventanillas.

El anuncio lo hizo el ministro de Finanzas, William Chong Wong, luego de que analizara los cambios que se harán en el servicio exterior con la nueva Ley Consular.

La secretaría de Relaciones Exteriores introdujo un proyecto de decreto para la aprobación de una nueva Ley Consular que busca, en primera instancia, controlar los cobros que se hacen en las oficinas diplomáticas que Honduras tiene en el exterior.

Uno de los cambios que contempla esa regulación es la instalación de un agente de la Tesorería General de la República en cada consulado, donde la demanda de los trámites de documentos sea considerablemente alta.

Eso, según se vislumbra, sería una medida con dedicatoria para los diez consulados en Estados Unidos. “Es viable que se mande una persona de la Tesorería para que haya mayor transparencia”, dijo Chong Wong.

“Pero también hablamos con un par de bancos para ver si ellos están interesados en percibir los pagos, y que nos hagan las transferencias de manera directa a nosotros”, apuntó el ministro sin ofrecer los nombres de las entidades financieras.

En ese sentido explicó que los hondureños deberían ir al banco a cancelar lo que manda la ley por la emisión de uno u otro documento y luego, con el recibo, se presenta en la oficina para finalizar el trámite.

El funcionario opinó que en los últimos meses ha existido un esfuerzo grande por evitar que se sigan realizando cobros excesivos en la emisión de los documentos.

Se necesita la ley. El canciller Mario Canahuati ha sido enfático en expresar que es necesario la aprobación de la nueva Ley Consular para regular de manera adecuada a los funcionarios en el servicio exterior.

Canahuati recordó que en esa ley se crea la figura del auditor consular, que supervisará el funcionamiento de todo el personal acreditado en las oficinas consulares.

Asimismo, con la ley se plantea la transferencia de más recursos (de los mismos que se generan en los consulados) a la Cancillería para que destine los fondos necesarios para gastos administrativos de las oficinas.

Los cónsules se excusan al expresar que esos gastos son más altos que el presupuesto de mantenimiento de la oficina y por eso se deben hacer cobros por encima del arancel.

“Esperamos dar una mayor asignación presupuestaria y exigir que se cobre lo que manda la ley”, expresó por su lado el vicecanciller Alden Rivera.