Reforzar la institucionalidad laboral es una de las claves para reducir pobreza y mejorar la distribución de los ingresos en las áreas rurales de América Latina y el Caribe, señalaron FAO, CEPAL y OIT.

La necesidad de reforzar la institucionalidad laboral en las áreas rurales para combatir la pobreza, fue la

principal conclusión de los participantes del seminario regional Mercado de Trabajo y Pobreza rural en América Latina, organizado por las tres agencias con el apoyo de RIMISP y RUTA.

Las entidades indicaron que se necesita poner una prioridad política fundamental en generar una institucionalidad laboral, que resguarde los derechos de los trabajadores, fomente la creación de empleos dignos, formales y con protección social, además de ampliar las capacidades de los trabajadores mediante educación y capacitación laboral.

Actualmente, una serie de debilidades de dicha institucionalidad hacen que el mercado de trabajo agrícola y rural no funcione adecuadamente, lo cual es uno de los factores que más influye para que la pobreza rural no disminuya a pesar del crecimiento de la agricultura en América Latina y el Caribe.

FAO, CEPAL y OIT señalaron que tan sólo el cumplimiento del salario mínimo podría reducir en varios puntos porcentuales la pobreza rural: según la investigación Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina, realizada por la FAO con la colaboración de la CEPAL y la OIT, en Costa Rica, por ejemplo, dicho cumplimiento reduciría en 4 puntos porcentuales la proporción de personas pobres y dicha proporción podría ser incluso mayor en otros países de la región.

Respecto de la importancia del Estado, los participantes destacaron que tiene un papel fundamental en el fortalecimiento de institucionalidad del mercado de trabajo rural y en hacer cumplir la legislación vigente.

Los participantes del seminario destacaron la mesa permanente de Diálogo Social y Laboral del Sector Frutícola, en Chile, la cual es una iniciativa bipartita, y el caso brasileño de la mesa de diálogo para perfeccionar las condiciones de trabajo en la caña de azúcar, que fue una iniciativa tripartita entre el gobierno, los empresarios y trabajadores del sector.