Brasilia. El Congreso de Brasil aprobó este miércoles un inflado presupuesto que pondrá a prueba la voluntad de la presidenta electa, Dilma Rousseff, de realizar profundos recortes de gasto y cumplir promesas de disciplina fiscal.

Las arcas públicas fueron usadas generosamente antes de las elecciones presidenciales de octubre, lo que ayudó a incrementar las presiones inflacionarias y las expectativas de alzas en las tasas de interés por parte del banco central.

Los inversores ahora están buscando señales de que el nuevo gobierno habla en serio respecto a controlar el gasto.

Una de las principales marcas que Rousseff quiere fijar en su gobierno es recortar las tasas de interés de dos dígitos -entre las más altas de cualquier economía importante- a través de la disciplina fiscal.

Aunque el presupuesto en Brasil es más una pauta que un plan rígido de gasto, las discusiones reflejan la clase de presión que Rousseff enfrentará de sindicatos y legisladores para que continúe el alto gasto público de los años recientes.

Los líderes del Congreso resistieron la presión para conceder un incremento al sueldo mínimo más allá de la propuesta del gobierno de 540 reales (US$320) desde los actuales 510 reales.

Los sindicatos apuntaban a un sueldo mínimo de 580 reales, lo que habría aumentado el gasto del gobierno en 9.200 millones de reales adicionales.

Los incrementos fijos en el sueldo mínimo ayudaron a fomentar el gasto de consumo y un auge económico sin precedentes bajo el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pero también aumentaron la presión sobre las finanzas públicas.

Pese a ésto, el presupuesto sobreestima ampliamente las utilidades.

Los legisladores agregaron al proyecto de ley unos US$22.000 millones en enmiendas para gastos asignados, cuyas fuentes de financiamiento serían inciertas, según han dicho expertos.

El presupuesto de dos billones de reales también asume una expansión económica de 5,5%, muy por encima del consenso del mercado de un crecimiento de un 4,5%.