La conflictividad laboral sigue en aumento. Según cifras manejadas por el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Froilán Barrios, el número de protestas por reclamos laborales se incrementó en más de 25% este año en comparación con el mismo período de 2009, la mayoría de ellas relacionadas con el sector público.

"Si el año pasado se registraron 2.000 conflictos, este año se contabilizan entre 2.500 y 3.000 manifestaciones de trabajadores que reclaman sus derechos, lo que habla de que las expropiaciones y nacionalizaciones han repercutido en la desmejora de las condiciones de trabajo", señaló Barrios.

El directivo de la CTV sustenta su tesis con un argumento adicional al afirmar que el sector público acumula 85% de las protestas laborales que se han llevado a cabo este año, lo que a su entender engloba a buena parte de ese 84% de los venezolanos que dice estar en contra de las expropiaciones, según recientes encuestas realizadas por la consultora Datanálisis.

Para Barrios, la desmejora de las condiciones de trabajo en las empresas nacionalizadas durante los últimos meses se constituye en la base de la mayoría de las protestas; un aspecto que -en su opinión- se corrobora con las declaraciones del ministro de Agricultura y Tierras, Carlos Loyo, quien reconoció que el Ejecutivo enfrenta dificultades para honrar los compromisos contractuales.

Violaciones a granel. En este mismo contexto, Orlando Chirinos, dirigente de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-Cura), reiteró que el actual es un gobierno antiobrerista, al negar a los trabajadores las mejoras a las que tienen derecho y violar las libertades sindicales y al trabajo, en especial con las estatizaciones de empresas.

"Las expropiaciones revierten el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y violan en fuero sindical, un derecho consagrado no sólo en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, sino en acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento por parte de Venezuela", dijo.

Sobre este particular, señaló el caso de los trabajadores (27) de Agroisleña, muchos de los cuales fueron despedidos sin la calificación requerida por las leyes, por estar amparados con el fuero sindical.

Al respecto, Rodrigo Linares, José Ascanio y Jesús Vegas, dirigentes del sindicato de trabajadores de Agroisleña, señalaron recientemente que la ley obliga a que luego de un cambio de patrono, el trabajador tiene derecho a seguir laborando o no, y en caso de esto último se establece un procedimiento de despido injustificado; procedimiento mucho más pertinente tratándose de dirigentes sindicales.

Por su parte, Narciso Mata, ex gerente nacional de Silos y Almacenes de Agroisleña, afirmó que fue despedido por el simple hecho del cambio de patrono. "Dado que la gerencia es considerada como personal de confianza, fuimos despedidos sin otra justificación que ésta", comentó.

Más de un mes después de la toma de la compañía, Mata no ha recibido el finiquito de sus prestaciones laborales, al igual que los restantes 26 trabajadores de Agroisleña y sus filiales despedidos después de la estatización.

"La ley es muy clara y abiertamente se ha violado en este y mucho otros casos", acotó Orlando Chirinos, quien recalcó que no conoce un solo caso de éxito en las cerca de 200 expropiaciones de empresas llevadas adelante por el Ejecutivo desde 2003 hasta la fecha.

Ejemplos sobran. Que las expropiaciones han desmejorado las condiciones laborales de los trabajadores, es una realidad que cada día cobra mayores dimensiones.

Según Froilán Barrios, ocho meses después de vencido el contrato colectivo de los trabajadores eléctricos -que agrupa a los empleados de la nacionalizada Electricidad de Caracas y otras empresas de provincia-, éstos siguen esperando el pago de 70% del retroactivo adeudado.

"Si se le pregunta a los trabajadores de Fama de América, de Invepal (ex Venepal), del Hato El Frío, dirán que sus contratos colectivos han desmejorado, pues no han recibido los incrementos salariales y mejoras contractuales que sus convenciones establecen. Las nacionalizaciones han sido un fracaso", acota Orlando Chirinos.

Asegura que los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de la industria petrolera están sufriendo en carne propia los incumplimientos del Estado a las contrataciones colectivas.

Cabe destacar que José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), ha señalado que Petróleos de Venezuela incumple 70% de las cláusulas suscritas dos años atrás.

Froilán Barrios recuerda otros casos emblemáticos: "Sidor viola abiertamente lo establecido en el contrato colectivo, por la sencilla razón de no contar con los recursos necesarios. Se ha precarizado el contrato porque se asumen compromisos muy superiores a los que pueden cumplirse", dice el dirigente sindical, quien agregó a la lista otras empresas básicas del hierro y el aluminio, del sector eléctrico y a los empleados de las tres cementeras expropiadas el año pasado, entre otras.

Visión encontrada. La reciente expropiación de Siderúrgica del Turbio (Sidetur) pone de manifiesto las contradicciones en la masa laboral.

Por un lado, Francisco Gómez, dirigente de los trabajadores afectos al Gobierno, asegura que el papel protagónico de los empleados en la conducción de la empresa está garantizado.

"De ahora en adelante los trabajadores participaremos en la toma de decisiones, con la incorporación de representantes en todas los consejos de trabajadores en la directiva", afirmó Gómez, quien recalcó que está asegurada la culminación de las discusiones del contrato colectivo, cuyas cláusulas buscarán -dice- mejorar las condiciones de los empleados.

Maryory Díaz, ex empleada de Sidetur Antímano, tiene una visión menos positiva. "Tomé la decisión de retirarme porque no creo en la mejora de las condiciones laborales", afirmó Díaz, quien dijo que buena parte de sus compañeros han decidido retirarse de la empresa por temor a perder sus reivindicaciones en pos de un proceso productivo "socialista".

Fundados temores. Al analizar la situación de los casi 7.000 trabajadores de las últimas empresas expropiadas por el Gobierno (Sidetur, Fertinitro, Venoco y Agroisleña), el experto en derecho laboral Victorino Márquez señaló que el temor y la incertidumbre que siente la mayoría de ellos no son infundados.

"Se ha demostrado con procesos anteriores que la contratación colectiva y los derechos laborales quedan muy golpeados cuando el Estado asume como patrono, porque ya no tienen la posibilidad de introducir un pliego conflictivo ante las autoridades del trabajo por violación de contratos", dice.

Al asegurar que la "paralización" de las contrataciones colectivas se ha generalizado en todas las expropiaciones, Márquez recuerda que desde 2004 la administración pública no discute contrato alguno, lo que marcará el destino de los nuevos integrantes de la nómina estatal.

Por ello no duda en catalogar de "miope" a los dirigentes sindicales que apoyan la oleada expropiadora del Gobierno, pues ello significará más temprano que tarde la desmejora de sus condiciones de trabajo.