Santiago. Un equipo de fiscalizadores y abogados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda, notificó en terreno el inicio de procesos sancionatorios contra 65 usuarios de la Zona Franca de Iquique, por no informar al servicio sobre transacciones en efectivo superiores a 450 Unidades de Fomento, no enviar la declaración anual de reportes de operaciones sospechosas y no declarar el porte de dinero en efectivo por más de US$ 10 mil.

Los 65 usuarios notificados cuentan con 10 días para presentar sus descargos. En caso de no hacerlo o de que las pruebas presentadas sean insatisfactorias, el monto total de multas podría superar los $ 1.000 millones.

Tanto las Declaraciones Anuales de Reportes de Operaciones Sospechosas (DAROS), como los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) por montos mayores a las 450 UF (unos $ 9,5 millones o su equivalente en otras monedas) son utilizados por la UAF en sus procesos de inteligencia financiera, con el propósito de prevenir que la economía chilena sea usada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

De los 65 usuarios notificados, 64 no han cumplido con el envío de reportes ROE y/o DAROS, por lo que cada uno arriesga sanciones que van desde la amonestación a multas equivalentes a 800 UF (unos $ 17 millones). Solo un caso corresponde a la no información de Porte y Transporte de Efectivo por más de US$ 10 mil, situación en que la multa máxima sube hasta 3.000 UF (alrededor de $ 63,6 millones).

La UAF fiscaliza a 34 sectores económicos, entre ellos bancos, AFPs, casinos de juegos, corredores de propiedades, notarios, casas de cambio conservadores, de remate, compañías de seguros y usuarios de zonas francas, los que tienen la obligación de informar y mantener registros especiales –por al menos 5 años– sobre toda operación en efectivo superior a las 450 UF.

Durante el primer semestre de este año, la UAF ha notificado a 172 sujetos obligados a informar al servicio sobre incumplimientos en el envío de reportes. Entre ellos, se encuentran, además de los usuarios de zonas francas, 45 casas de remates y martilleros públicos, 33 corredores de propiedades y 15 empresas inmobiliarias.