La Encuesta Global de Integridad 2020 de EY analiza cómo los gobiernos y empresas se enfrentan a nuevos desafíos en la toma de decisiones que plantean dilemas éticos.
El COVID-19 no solo está afectando la situación financiera de las empresas sino también repercute en los riesgos de integridad que enfrentan. Según la Encuesta Global de Integridad 2020 de EY, el 73% de los trabajadores en Perú considera que es difícil para las organizaciones mantener sus estándares de integridad en períodos de cambio rápidos o condiciones de mercado difíciles como, por ejemplo, la pandemia que enfrentamos actualmente.
Asimismo, la encuesta arrojó que 1 de cada 3 personas estaría dispuesta a comportarse de manera no ética a fin de mejorar o proteger su carrera profesional o su remuneración en situaciones de crisis, por ejemplo, ignorar una conducta no ética en su equipo o de sus proveedores, proporcionar información falsa, inducir al error a terceros u ofrecer o aceptar un soborno.
La Gerencia debe fortalecer la cultura de integridad en su organización y a todo nivel; pero más importante aún, debe demostrarla, pasando así del “tone-at-the-top” (tono de la gerencia) al “conduct-at-the-top” (demostrar integridad a través de sus acciones).
Si bien un 99% de trabajadores a nivel global opina que es importante actuar con integridad, y un 65% que la protección de la reputación es el principal beneficio para una empresa; a nivel local, el 39% de los encuestados (43% en Latinoamérica y 46% a nivel global) considera que pueden existir ejecutivos en su organización que sacrificarían integridad para obtener ganancias cuestionables de corto plazo.
A su vez, el 28% (34% en Latinoamérica y 35% a nivel global) cree que el comportamiento no ético en su organización a menudo se tolera cuando las personas involucradas son parte de la alta gerencia o son personas de alto rendimiento en la organización.
Uno de los mecanismos para proteger la reputación corporativa es a través de un sistema confidencial de denuncias. En el Perú, el 41% de los encuestados afirmó que cuentan con ello en sus organizaciones; sin embargo, un 39% comentó que tuvieron preocupaciones éticas en el trabajo que no reportaron a través del mencionado sistema. Dentro de las principales razones por las cuales no lo hicieron se encuentra la preocupación por el desarrollo profesional de su carrera dentro de su organización en el futuro (38%), el temor por su seguridad personal (28%), el sentimiento de que su denuncia no sería atendida (26%) y el hecho de que no sabían con quién hablar para reportar esta conducta no ética (26%).
Otro dato relevante es que existe en Perú un exceso de confianza por parte de las empresas hacia sus proveedores o terceros con los que se relacionan, los cuales dependiendo de la interacción actúan en su nombre o por cuenta de ellas. En ese sentido, el 89% de encuestados señaló estar seguro de la integridad en las actividades que estos realizan y el 90% dio por sentado que cumplen las leyes, el Código de Conducta y la regulación de la industria. Sin embargo, menos de un tercio (29%) señaló que cuenta con procedimientos de debida diligencia para conocer a los terceros previo a su relacionamiento, y existe un 16% que estarían dispuestos a pasar por alto los malos antecedentes de dichos terceros de ser conveniente contar con ellos.
“A pesar de que en coyunturas como la que estamos viviendo, pueden existir algunas voces que sugieren sacrificar la integridad para priorizar la supervivencia del negocio, el estudio arrojó que para el 99% de encuestados es importante actuar con integridad, siendo el principal beneficio el de protección de la reputación de acuerdo al 65% de encuestados”, enfatiza Rafael Huamán, socio líder de Riesgos de Integridad e Investigación Forense de EY Perú.
Por otro lado, el 31% de los encuestados a nivel global cree que los ciberataques son el mayor riesgo para su organización en este contexto. En ese sentido, la encuesta pone en evidencia que el rápido cambio hacia el trabajo remoto, producto de la pandemia, ha convertido a la ciberseguridad en un desafío aún mayor para el cual las empresas han tenido poco tiempo para prepararse.
A nivel global, el Estudio señala que el 90% de encuestados considera que las consecuencias del COVID-19 en el sector empresarial representan un riesgo para las conductas y decisiones éticas en los negocios. Estos riesgos, se generan por el aumento del trabajo remoto (33%), y la consecuente flexibilización de los controles y mayor dependencia digital; las interrupciones o dificultades en la cadena de abastecimiento (28%), que generan retos para realizar la debida diligencia y monitoreo de los proveedores y otros terceros; la reducción de los beneficios y compensaciones (24%), que crea mayor presión para los empleados; y la reducción de personal (22%), que genera potenciales riesgos de una inadecuada segregación de funcione.
En Perú, el 94% de los encuestados manifestó que sus organizaciones están haciendo todo lo necesario para proteger la privacidad de los datos de sus clientes; sin embargo, el 66% señaló desconocer la legislación sobre protección de datos y privacidad. Y, el 57% comentó que en sus organizaciones no se brindan capacitaciones al respecto. Solo el 48%, menos de la mitad, aseguró que en sus organizaciones cuentan con un plan de respuesta en caso sean víctimas de una violación a la seguridad de sus datos.
“Los riesgos de integridad existían antes de la pandemia, pero fueron intensificados por esta. Lo importante ahora es cómo las organizaciones responden a estos desafíos; sacrificar la integridad en la toma de decisiones a largo plazo puede perjudicarlas aún más. La integridad corporativa es una condición necesaria para que las organizaciones sean consideradas dignas de confianza por sus grupos de interés. Ello les permitirá diferenciarse claramente y asegurar su valor, éxito y sostenibilidad a largo plazo”, finaliza el experto de EY Perú.
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