La nación se ubica entre los países peor calificados en cuanto a protección de derechos de propiedad: las usurpaciones entran en delitos de crimen organizado, puesto que, quienes lideran esas invasiones no solo incitan o provocan las ocupaciones ilegales, sino que también realizan cobros a las familias que llevan a las fincas, bajo el pretexto de legalizarles los terrenos, lo que termina siendo una estafa y lavado de dinero.

La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) denunció que persiste impunidad alrededor de los casos de usurpaciones o invasiones de propiedades en el país, y la lentitud con la que operan las autoridades para ejecutar desalojos, pese a que es un delito flagrante.

Según Horst Spitzke, director ejecutivo de ACDEPRO, en los últimos siete años que llevan documentando la problemática, han registrado al menos 1.600 casos de usurpaciones de propiedades, principalmente en Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos y Petén.

En los últimos años también han visto un aumento de casos en Retalhuleu y otras regiones de la costa sur.

“De estos casos, alrededor de entre 25% y 35% no son denunciados por los propietarios por temor a amenazas de muerte y represalias”, dijo Spitzke.

El directivo de la asociación recordó que lejos de que el problema solo afecte finqueros de grandes propiedades, este flagelo también ha alcanzado a pequeños propietarios de terrenos y dueños de casas.

Carlos Torrebiarte, presidente de ACDEPRO señaló que la inacción de la policía y del Ministerio Público (MP) no solo agrava la impunidad que rodean los casos de usurpaciones, sino que también conlleva la falta de aplicación de justicia para los delitos conexos a las invasiones.

“Los usurpadores ingresan a casas pequeñas, lotes, terrenos, y no solo fincas; roban los menajes de casa, comercian los animales de granja y ganado, destruyen sembradíos, talan y comercian maderas preciosas, y todo lo que encuentran en las propiedades que ocupan ilegalmente”, enfatizó.

Néstor García, víctima de la usurpación de una finca familiar en Cahabón, Alta Verapaz, relató que, en abril de 2021, unas 200 personas invadieron la propiedad que pertenece a su familia desde 1901, y han destruido 4 caballerías de área reforestada con variedades maderables, así como también han robado la producción de cacao, café, maíz, frijol y chile, además de sacrificar todo tipo de ganado.

A la fecha, no han logrado que los invasores sean desalojados.

Edgar Taylor, asesor jurídico de ACDEPRO, señaló que el principal problema con los casos de las invasiones es que no se detienen desde el principio.

Por ser un delito flagrante, la Policía Nacional Civil (PNC) no requiere de orden de juez para proceder con el desalojo.

Por otro lado, señaló que desde el Organismo Judicial, la PNC, el MP y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se han establecido diversos protocolos de actuación en casos de desalojos, lo que hace que los procesos sean engorrosos.

Guatemala se ubica entre los países peor calificados en cuanto a protección de derechos de propiedad Según Taylor, las usurpaciones entran en delitos de crimen organizado, puesto que, quienes lideran esas invasiones no solo incitan o provocan las ocupaciones ilegales, sino que también realizan cobros a las familias que llevan a las fincas bajo el pretexto de legalizarles los terrenos, lo que termina siendo una estafa y lavado de dinero.

Otro aspecto que han detectado es la correlación, en muchos casos, de los promotores de las invasiones con trata de personas, tráfico de armas y narcotráfico.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), coincidió en que el mayor problema con las usurpaciones de propiedades es la impunidad.

“La mayoría de los casos de invasiones reportadas son a fincas que se dedican a actividad productiva del sector agro, y son casos que llevan varios años sin que las autoridades cumplan con efectuar los desalojos”, enfatizó.

El Observatorio de Derechos de Propiedad, sistematizó información oficial y determinó que entre 2017 y 2021, el MP reportó 20 mil 596 denuncias penales por delitos relacionados con invasiones de propiedades. Esto representa un promedio anual de 4 mil 119 denuncias penales en esta materia. Ese promedio se ha mantenido en estos rangos durante más de una década.

El Observatorio señala como el principal problema alrededor de las denuncias la ineficiencia e ineficacia con la que responde el sistema de justicia penal.

Entre 2017 y 2021, solamente se cerró el 28% de los casos ingresados por delitos relacionados con invasiones y en ese período de tiempo solo se han realizado 68 desalojos a nivel nacional.