Las firmas buscan contribuir a la reactivación económica, pero sobre todo disminuir el estrés de los colaboradores por las altas probabilidades de contagiarse, y así poder retomar la presencialidad en las oficinas.

Dado el lento proceso de vacunación de algunos países en América Latina, no son extrañas las iniciativas para acelerar la inoculación de los ciudadanos. En Colombia, el ​​Ministerio de Salud y Protección Social publicó una resolución donde se establecieron los requisitos para que las empresas pudieran importar, adquirir y aplicar vacunas contra el COVID-19.

La inmunización de la ciudadanía en tierras colombianas partió el 17 de febrero, dividiéndose en cinco etapas y comenzando con la inoculación con los trabajadores de la salud y los adultos mayores de 80 años.

​​De esta forma, algunos privados se sumaron al plan de vacunación con la iniciativa “Empresas por la vacunación” de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), con el objetivo de lograr la inmunidad colectiva y así poder colaborar en la reactivación de la economía.

Tanto la empresa tecnológica Siemens como el grupo colombiano con negocios en banca Scotiabank Colpatria, comenzaron en julio con el proceso de vacunación voluntaria a sus colaboradores. En Siemens se incorporaron a la iniciativa tras “llevar un control de vacunados tanto a través del plan nacional de vacunación como en el plan privado, mediante la plataforma de reporte de condiciones de salud que hemos implementado'', dice Reinaldo García, CEO de Siemens Colombia.

En tanto, en un comunicado, Jaime Alberto Upegui, presidente del Scotiabank Colpatria, que vacunará en una primera instancia a quienes trabajan en atención al cliente y que están entre los 40 y los 44 años, manifiesta que “se adquirieron 24 mil dosis con las que se espera inmunizar a un total de 12 mil colaboradores, no solo de Scotiabank Colpatria, también de las empresas Constructora Colpatria, Olimpia, Mercantil Colpatria, Axa Colpatria, Descont, Mineros y Química del Cauca”.

En el caso de Siemens, adquirieron 1.098 vacunas para inocular a 549 colaboradores, con el fin de no solo impactar en su salud física, sino que también en la mental, “disminuyendo el estrés que genera el llegar a contagiarse y el poder retomar la presencialidad en las oficinas”, indica García.

En Dafiti, otras de las empresas que se ha hecho partícipe en esta iniciativa, adquirieron 250 vacunas a través de la ANDI y organizaron los últimos días de julio dos jornadas de vacunación, en la que llevaron a sus colaboradores a una bodega para que se inocularan. Antes de llevar a cabo la operación, consultaron con los que estaban trabajando presencialmente y en home office para saber quiénes se querían vacunar.

Según explica María Alejandra Campuzano, gerente de Recursos Humanos de Dafiti, “se inmunizó a todas las personas de la operación. Compramos vacunas y pusimos todas las facilidades para que pudieran ser vacunados en dos días. También estamos dándole la oportunidad a los colaboradores para que vacunen a algún miembro de su familia”.

Si bien la medida ha sido aplaudida en general, porque se suma a los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, existen algunos casos controversiales. Rappi fue criticada cuando hicieron público que habían adquirido 4 mil vacunas, las cuales no estarían destinadas a todos los trabajadores, sino a los que estaban expuestos por más tiempo al contagio, cerca de 2.000 repartidores de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se concentra la mayor cantidad de pedidos al día.

Campuzano explica que lamentablemente, al igual que lo ocurrido con Rappi, otras empresas también cometieron errores, porque lo primero que debía hacer era mandar una carta de intención al Gobierno. En esta etapa, las compañías podrían haber manifestado su intención de inocular a todos los trabajadores, sin embargo, al ser un proceso costoso y engorroso y tras pasado un tiempo de enviada la carta, algunas organizaciones comenzaron a seleccionar a quienes se tendría que inmunizar.

Para Manuel Carpio-Rivero, profesor de Pacífico Business School, esto podría haberse evitado asegurando las compras del sector privado, con contratos donde se garantice el suministro por parte de los laboratorios en los tiempos establecidos y la compra por parte del sector privado en las cantidades acordadas. “Puede definirse un nivel de inventario de vacunas para cada empresa según el número de inoculación a realizar y en función a la cantidad de trabajadores de la empresa. El Gobierno podría tener un rol de garante en el proceso de compra para así darle mayor seguridad a los laboratorios”, señala el académico.

En Perú, hace pocos días se aprobó la Ley 31225 que permite a las empresas importar y comprar vacunas para inmunizar a sus trabajadores, gasto que se podrá deducir del impuesto a la renta durante el periodo de emergencia. Para que este proceso sea exitoso, Carpio-Rivero indica que “debería existir la demanda suficiente y no cubierta para que el sector privado se anime a importar las vacunas”.

La participación del sector privado sería muy importante en un escenario donde se podría experimentar una tercera ola y que el gobierno no tenga la capacidad de mantener o incrementar el ratio de inoculaciones diarias.

De esta forma, “se tendría que asegurar que la vacuna sea gratis, debería existir una coordinación muy estrecha entre el gobierno y el sector privado para no duplicar esfuerzos y uso de recursos”, dice  Carpio-Rivero, quien agrega que las compras “se tendrían que realizar directamente al laboratorio productor para evitar especulaciones en el precio y malas prácticas de mercado, además de estar orientado solo a las empresas que quieran inocular a sus trabajadores y familia directa de forma gratuita”.