Para demostrar a los socios europeos que el actual gobierno colombiano sí implementa el Acuerdo de Paz está en Bruselas Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización.
Llevan un año en el gobierno. Para contrarrestar los malos augurios para el proceso de paz colombiano provocados por los asesinatos a líderes sociales y excombatientes, por las acusaciones de incumplimiento por parte del gobierno y por el anuncio de líderes de las extintas FARC de volver al monte, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, está esta semana en Bruselas. Representante de la "paz con legalidad”, la lectura del gobierno de Iván Duque de los Acuerdos de Paz, Archila habla de avances sobresalientes.
- DW: ¿Cuáles son concretamente esos avances?
Archila: Sobre todo en el proceso de reincorporación hemos avanzado muchísimo. El 98% de los excombatientes están bancarizados, más del 95% están integrados al sistema de salud, y más del 95% en el sistema de pensiones. Los proyectos productivos individuales han crecido de 0 a 350, los proyectos productivos colectivos de 2 a 29. Tenemos focalizados los recursos y listas las 14 planificaciones que faltaban para las 16 zonas más afectadas por la violencia. Hemos avanzado en la planificación de recursos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y hemos reestructurado las entidades del gobierno que se dedican al catastro. En un primera fase vamos a cubrir 70 municipios.
Para hacer distribución de tierras, recibimos 500 mil hectáreas, hemos aportado 320.000 hectáreas más al "Banco de Tierras”. Y en cuanto a la "Ley de víctimas y restitución de tierras”, ley anterior a los Acuerdos de Paz, estamos indemnizando en un promedio superior al de los años anteriores.
- DW: ¿Fue esto lo que vio Eamon Gilmore, enviado especial de la UE para la paz en Colombia?
Sí. Eso demuestra la diferencia entre fijarse en lo que estamos haciendo y lo que otros dicen que estamos haciendo. Si revisa los reportes mensuales, no puede llegar a una conclusión distinta de que estamos siendo muy juiciosos. Gilmore conoce muy bien lo difícil que son estos procesos y sigue siendo un líder significativo en su país. El se tomó el tiempo de mirar lo que estamos haciendo y dijo: "la implementación de los acuerdos de paz en Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo”.
- Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil afirman que solo el 15 por ciento de las instancias creadas por el acuerdo están funcionando. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad está inactiva…
Me llama la atención. El entendimiento que tiene el presidente Duque es que no es una instancia para toma de decisiones, sino para recomendaciones. El Estado colombiano no puede delegar su responsabilidad en ninguna de las instancias del acuerdo. El acuerdo tiene muchas: la que se encarga del seguimiento (CESVI) anda, el Consejo Nacional de Reincorporación está en marcha y es eficiente, en la de género ha habido varias reuniones, la de sustitución de cultivos ilícitos también se ha reunido.
- Usted afirma que en la reincorporación han hecho grandes avances. ¿Cuál es la situación de los más de 13.000 excombatientes en este momento?
De los 13.000 que fueron registrados por parte de la oficina del Alto Comisionado tenemos activos dentro del proceso a casi once mil. Tres mil quinientos se encuentran todavía en zonas transitorias de normalización, otros en cualquier parte del país. En cuanto a esos dos mil que faltan no hay razón para llegar a la conclusión de que están delinquiendo. Más o menos la mitad eran milicianos que no estaban en la montaña sino en las ciudades. Es muy posible que no necesiten más el apoyo del gobierno. En todo caso, el 75 por ciento de los que están en nuestro censo ve su futuro con optimismo. Ese porcentaje está por encima del promedio colombiano y de muchos países.
- En medio de todos estos avances, ¿cómo ha sido posible el asesinato de más de 500 líderes sociales y de 135 excombatientes?
Vamos por partes. Tengo bajo mi responsabilidad coordinar los esfuerzos para la protección de los excombatientes. En las zonas transitorias hay unos 3.500 excombatientes. En cada uno de esos 24 espacios, hay un batallón completo del ejército encargado de su seguridad; también uno de la policía, cuidando los alrededores. Gracias a eso, en los espacios de reincorporación colectiva no tenemos ni un solo muerto. Para los 8.000 que están por todo el país, hace tres meses adoptamos más medidas de seguridad, incluyendo un puesto de inteligencia unificada para detectar posibles ataques.
- Entonces, ¿cómo se explica el asesinato de los excombatientes?
La Fiscalía que hace las investigaciones afirma que los que los están matando son narcotraficantes. En las cifras de la Fiscalía, más del 75% de los homicidios a excombatientes se dan en zonas rurales, en zonas donde hay disputas por los corredores del narcotráfico. El que más ataques ha tenido son las mismas disidencias de las FARC, el ELN y después grupos como los Pelusos y otros.
- ¿Y por qué la muerte de los líderes sociales?
Dentro de mis responsabilidades no está la protección de los líderes sociales. Me ocupo particularmente de coordinar la protección de excombatientes FARC y los líderes de la sustitución voluntaria de coca. Hemos adoptado nuevas medidas para protegerlos después del asesinato que hubo en Tumaco.
- ¿Cómo es posible, entonces, que se la semana pasada se le retirara las armas a las escoltas de los excombatientes?
Se trató de un proceso de identificación de las armas. Dedicamos muchos recursos y atención a protegerlos. En una mesa técnica, el análisis se hace con los mismos excombatientes capacitados en análisis de riesgo. Tenemos más de doscientos esquemas de protección entre individuales y colectivos. Para que se hagan una idea: el esquema de protección de los senadores del partido FARC es una vez y media el mío.
- Si todo marcha, ¿cómo se explica que Iván Márquez y otros hayan decidido volver a las armas?
No es que hayan decidido volver a las armas. Los que están en el video de ese anuncio estaban fuera del proceso, algunos de ellos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos han dejado evidencias de narcotráfico. No son una nueva guerrilla. Volverse narcotraficante es una decisión individual y no se le puede achacar a los avances de un proceso pensado para 15 años.
- Los países garantes piden al gobierno colombiano que dé más muestras de voluntad de implementación.
El presidente siempre ha afirmado que lo vamos a cumplir, en la medida en que este gobierno lo entiende. En cada uno de los frentes de la implementación hemos dedicado muchos esfuerzos a hacer una planificación. La manera de mostrar nuestra voluntad y convicción está en los resultados. Incluso los opositores al gobierno, en nuestra política de reincorporación y sacar adelante las zonas afectadas, reconocen que vamos por el camino correcto.
- Una preocupación que siempre vuelve a llegar a Bruselas es que los fondos europeos no se destinen para lo que fueron pensados: erradicar la desigualdad en las zonas rurales.
Esos recursos nunca le son entregados al gobierno colombiano. La UE constituyó una fiducia y administra esos recursos. Si tuvieran alguna preocupación tendrían que hacerle esa pregunta a su propia administración. En lo que a nosotros respecta, tan pronto llegamos al gobierno adoptamos la política de "paz con seguridad”. Ahí está nuestro entendimiento de los programas de la implementación de los acuerdos incluyendo las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Las brechas que hay entre esas zonas y el resto de la ruralidad colombiana son gigantescas y entre esas zonas y el promedio de Colombia son aún más gigantescas. Desde los acuerdos se previó que íbamos a tardar entre diez y quince años. La necesidad de recursos es monstruosamente grande. El apoyo de la UE es importante pero es solo una partecita de lo que necesitamos.
- ¿Cómo es posible que pese a un proceso de paz que avanza en su implementación y que tiene inmenso apoyo internacional Colombia siga sangrando?
Los temas que afectan a Colombia tiene múltiples orígenes. El principal de ellos es el narcotráfico. En tanto que siga existiendo un nivel tan alto y economías ilícitas como las del oro, habrá violencia. Va en paralelo con el proceso que tenemos con las FARC. La responsabilidad que tengo yo es que el de las FARC salga bien.
