Según los últimos datos entregados por la Subsecretaría del Trabajo, al 29 de febrero del 2020, son solo 19.303 las PcD que han sido contratadas, un 64,58% de hombres y un 35,31% de mujeres.
Este miércoles se cumplirán dos años desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral en Chile, que se establece que las organizaciones y empresas que tengan de 100 a 199 trabajadores deben contratar al 1% de personas en condición de discapacidad (PcD).
El gobierno estimaba en 2018 que se abrirían 26 mil puestos laborales en el sector privado al implementar la Ley. Según los últimos datos entregados por la Subsecretaría del Trabajo, al 29 de febrero del 2020, son solo 19.303 las PcD que han sido contratadas, un 64,58% de hombres y un 35,31% de mujeres.
Esta información se entrecruza con la entregada por la última Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDISC II, donde se señala que las mujeres con discapacidad en edad de trabajar representan el 24,9% de la población total, mientras que los hombres representan el 14,8% del total.
María José Escudero, directora ejecutiva y cofundadora de Fundación Ronda, explica que “si bien los cambios han sido progresivos, nos preocupa de sobremanera las últimas cifras entregadas por la Subsecretaría del Trabajo, porque evidencia la gran brecha de participación laboral y desigualdad de género que existe actualmente. Esto se complejiza aún más teniendo en cuenta los resultados de la ENDISC II, por lo que necesitamos con urgencia evaluar y determinar cómo incentivaremos la inserción de la mujer en situación de discapacidad al mundo laboral en el marco de la Ley 21.015”.
Respecto a la ley, la normativa no otorga incentivos para crear ajustes razonables, por lo que en una primera fase esto ha significado un costo extra para quienes han querido hacer los procesos de forma íntegra y correcta. Es por ello que la directora ejecutiva señala que “reconocemos a muchas de las empresas que han decidido tomar el desafío y la oportunidad que nos ofrece esta Ley para ir más allá del cumplimiento, creando culturas que valoran el talento diverso, y de lo que hemos sido testigos como fundación, al ver a muchas de las empresas partners que asesoramos no sólo incluyendo a PcD, sino también desarrollando proyectos y políticas de diversidad e inclusión para abrirse a otras comunidades con barreras de acceso”.
Por otro lado, hay un gran porcentaje de empresas que se ha ceñido solamente a cumplir con lo exigido en la normativa, contratando de forma directa PcD que cuenten con la credencial de discapacidad o pensión de invalidez.
Pero, estas organizaciones podrían haber tomado medidas alternativas al cumplimiento de la ley, que hasta diciembre 2019 se podía hacer sin exigirles razones fundadas, ya fuera efectuando una donación a fundaciones o corporaciones cuyo objeto sea el apoyo a PcD o con contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a PcD.
Hay un grupo de organizaciones que no tomó ninguna de las alternativas anteriores y simplemento no cumplió con la Ley. Se trata de números o cuotas que en la práctica se llevan o no a cabo dejando de lado lo más importante, las personas.
El desafío está, entonces, en cómo se realizan los procesos de inclusión laboral para que sean efectivos y perdurables en el tiempo. Pero, desde la Fundación, dicen que la normativa chilena no exige esto, a diferencia de la implementación que han realizado otros países.
Desde el modelo de Responsabilidad Social Inclusiva (RSI) propuesto por Ronda, se requieren realizar procesos de intermediación laboral o un modelo de empleo con apoyo, es decir, que exista la intervención de un especialista, como por ejemplo, un terapeuta ocupacional que pueda evaluar el puesto de trabajo, la accesibilidad universal del entorno y las competencias requeridas para el cargo y así asegurarse de que el perfil de la PcD que ingrese a ese rol sea el adecuado para el puesto.
Además, resulta ser muy relevante la concientización del entorno de trabajo, tanto de colaboradores como de jefaturas y el apoyo en los procesos de seguimiento, asegurándonos de que se entreguen los ajustes razonables que la PcD requiere para desenvolverse en igualdad de condiciones.
Lo que falta por implementar
Desde Fundación Ronda explican que es fundamental ampliar el foco de implementación e intervención de la ley a todo Chile, abriendo oportunidades de inclusión sociolaboral en regiones, fomentando que las empresas no sólo contraten en la capital; modificando la errada tipificación de multas para esta Ley; generando conciencia en la sociedad para que las PcD dejen de ser vistas como sujetos de caridad y lástima; y crear proyectos que busquen empoderar desde Arica a Punta Arenas a las PcD y a su entorno cercano.
"Estas personas muchas veces requieren resignificar su rol, ya que en algunas ocasiones se convierten en una barrera para los procesos de inclusión", dice Escudero.
De esta manera, las PcD en Chile podrán elegir desde sus talentos, habilidades y competencias si quieren trabajar dependiente, emprender o estudiar, "siendo esta última muy necesaria poder disminuir así la brecha educacional gigantesca que presenta este segmento de la población, y que en muchas ocasiones afecta también a las organizaciones, las que no consiguen candidatos para la contratación en puestos profesionales o de alto liderazgo. Con esta medida, también rompemos el paradigma y modelo actual de solo ofrecer capacitación en oficio para las personas con discapacidad”, explica Escudero.
En este contexto, Desde Fundación Ronda hacen un llamado a los empleadores a que no vean la contratación de PcD como una acción de RSE o del área legal, sino que puedan valorar a cada persona como un aporte y entender que el talento diverso y la gestión de la diversidad otorga grandes beneficios a las compañías.
Si todos lo entiende es posible que el país tenga una inclusión laboral efectiva que favorezca a todos. Escudero dice que si bien la ley se ha enfocado en el sector privado, no es sólo para ellos. Entonces, dice, "dejamos abierta una vez más la pregunta, ¿cuáles son las cifras de cumplimiento de los organismos del Estado?”.
