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Iberdrola amenaza con realizar una nueva demanda contra México por el freno de su planta
Miércoles, Abril 13, 2022 - 11:47

La firma española dijo que si el gobierno mexicano no le permite operar una nueva central en Monterrey bajo el régimen de autoabastecimiento comenzará una denuncia legal contra el país. "Una negativa podría afectar la viabilidad de la planta", asegura la empresa.

La empresa española Iberdrola advirtió que si el gobierno mexicano no le permite operar una nueva central de energía eléctrica en Monterrey bajo el régimen de autoabastecimiento iniciará una demanda contra México.

Al respecto, el 31 de enero de 2022, la empresa finalizó el contrato de interconexión para operar la central de Monterrey en régimen de autoabastecimiento y se solicitó la correspondiente autorización para operar en régimen del mercado eléctrico mayorista.

“Una negativa podría afectar la viabilidad de la planta y se emprenderían acciones legales si se presentara esa situación”, añadió seguidamente. El valor neto contable del activo es de US$ 217 millones de dólares.

En otro caso iniciado antes en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) supedita la puesta en marcha de la planta eléctrica Topolobampo III de Iberdrola al pago de penalidades contractuales por US$ 16,5 millones, más IVA, por retraso en la construcción de la planta.

Como consecuencia, Iberdrola México ha solicitado arbitraje pidiendo el reconocimiento de causas de fuerza mayor gubernativa y el reconocimiento del inicio de operaciones de la planta el 20 de julio de 2020, la devolución de los US$ 2 millones pagados por sanciones contractuales, la impropiedad de la sanción contractual adicional solicitada, pago de los gastos incurridos y cargos por capacidad de al menos US$ 10 millones e indemnización por daños y perjuicios causados por el retraso en la fecha de operación comercial de la planta.

Por su parte, CFE se ha opuesto a las pretensiones de Iberdrola y ha interpuesto una reconvención en el arbitraje reclamando daños y perjuicios por valor de US$ 185,5 millones y US$ 4,7 millones en multas adicionales por no haber alcanzado el coeficiente de integración nacional.

En paralelo, actualmente existen revisiones en curso por parte de la Administración Tributaria local (SAT) de México en relación con el impuesto a las ganancias corporativo y el IVA para 2017 y/o 2018 para ciertas subsidiarias de la empresa (principalmente Iberdrola México, Iberdrola Energía Escobedo e Iberdrola Energía Monterrey).

También Iberdrola México impugnó judicialmente una resolución de la Comisión de Regulación de Energía (CRE) por la que se emitieron cargos por el Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica a ser aplicados por CFE Intermediación de Contratos Legados, a los titulares de Contratos Legados de Interconexión con Plantas de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables o Eficientes de Cogeneración.

La resolución aumenta sustancialmente el cobro de este servicio y, a juicio de Iberdrola México, obstaculiza y limita una actividad constitucionalmente significativa como es la generación de energía eléctrica y es contraria a una serie de derechos protegidos por la Constitución Mexicana.

Tras el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por Iberdrola, consistente en la suspensión de la resolución impugnada, la compañía tuvo que prestar una fianza por valor de aproximadamente US$ 88 millones ante el tribunal para garantizar la medida.

En caso de que el juicio resultara desfavorable, Iberdrola tendría que abonar esta cantidad.

Reforma, en suspenso

Un factor adicional de incertidumbre para Iberdrola es el destino que tendrán los contratos de autoabastecimiento eléctrico y de los Productores Independientes de Energía -quienes venden su energía exclusivamente a la CFE- y que el gobierno anunció la semana pasada que revisará.

Lo anterior debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana desestimó la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021, por lo que quedaron firmes sus efectos, uno de los cuales consiste en la revisión de los contratos si el gobierno estima que son contrarios a los intereses del Estado.

Autores

El Economista (México)