Según Fundación Iguales, durante el 2019 se presentaron 66 denuncias a lo largo de Chile por discriminación, mientras que en 2018 fueron 70 y el 2017 hubo 72.

Fundación Ronda y Fundación Iguales han impulsado una red de trabajo colaborativa junto con el Servicio Jesuita a Migrante, la Comunidad Judía Chile, Travesía 100, Leasur, Hay Mujeres y Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otras organizaciones, para la reforma de Ley antidiscriminación (20.609), también conocida como Ley Zamudio.

La iniciativa busca entregar la perspectiva de diversidad para generar una ley mucho más acorde a las necesidades de las diferentes comunidades como, por ejemplo, personas con discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual y de género, en situación de migración, pertenecientes a algún credo o religión, mayores, aquellas privadas de libertad, mujeres desde la perspectiva de equidad de género, los que están en situación de calle, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de pobreza, entre otras.

En este sentido, estas organizaciones desean demostrar que la discriminación es un problema mucho más profundo y que afecta a todos, por lo que ya han levantado acciones para apoyar la reforma de la Ley antidiscriminación, además de entregar sus aportes a las mesas de trabajo que se conformaron para este mismo fin en el Observatorio de Participación y No Discriminación de la SEGEGOB.

María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, explica que “estamos en un punto de inflexión como país y es el momento de poder hacernos cargo de las brechas de desigualdad y la normalización de la discriminación en nuestra sociedad. Esta reforma a la Ley antidiscriminación es una maravillosa oportunidad para impulsar una ley con carácter preventivo, y una institucionalidad que eduque y concientice a nuestra ciudadanía, para que de esta manera podamos crear juntos un cambio cultural, donde se valoren las diferencias y se acepte con respeto y empatía la diversidad”.

Uno de los puntos más relevantes para la red es prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.

"Debemos construir un país donde todos los grupos humanos podamos acceder a las mismas oportunidades, crecer personalmente, aprovechar nuestro talento y desarrollar con mayor igualdad y libertad nuestros proyectos de vida”, señala Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales.

Sobre la modificación propuesta de incluir indemnización a las víctimas, Jorge Lucero, abogado y director jurídico de Fundación Iguales, reclama que es grave que la ley vigente no contemple ningún tipo de reparación patrimonial a la víctima de un acto discriminatorio. "Una parte crucial de la obligación de proteger, garantizar y promover el principio de igualdad y no discriminación es que exista indemnización cuando sea vulnerado".

En tanto, en la Comisión de Derechos Humanos lleva tres meses discutiendo el proyecto de ley que modificará la Ley Nº20.609, con el objetivo de sancionar la
discriminación y reforzar la prevención, erradicación y reparación hacia las víctimas.

Ante esto, el presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, dice que “nuestras indicaciones buscan incorporar nuevas categorías susceptibles de discriminicación; permitir que grupos de personas también puedan denunciar; establecer una indemnización para las victimas; así como incorporar mecanismos que faciliten la prueba de los denunciantes".