El acuerdo para poner fin a las manifestaciones implica el establecimiento de mesas técnicas para dialogar sobre 10 temas, entre ellos cómo enfocar los subsidios a los combustibles en los sectores que más los necesitan y la revisión de las deudas de los pequeños agricultores con los bancos públicos y privados.

El Gobierno de Ecuador y líderes de grupos indígenas comenzaron el miércoles unos 90 días de diálogos sobre subsidios, condonación de deudas y otros acuerdos que pusieron fin a las recientes protestas en contra de las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso.

Las manifestaciones estallaron el 13 de junio y duraron más de 15 días, dejando al menos ocho muertos y afectando severamente a la industria petrolera de Ecuador, su principal fuente de ingresos. Los indígenas forzaron recortes en los precios de los combustibles y cambios en las políticas petroleras y mineras, entre otros.

El acuerdo para poner fin a las manifestaciones requiere que se instalen mesas técnicas para dialogar sobre 10 temas, comenzando con esfuerzos para enfocar los subsidios a los combustibles en los sectores que más los necesitan y una revisión de las deudas de los pequeños agricultores con los bancos públicos y privados.

También se discutirán los derechos laborales y de empleo, los controles de precios y los esfuerzos del gobierno para expandir el desarrollo petrolero y minero para elevar el ingreso nacional, a lo que se oponen los grupos indígenas.

Lasso ha dicho que las recientes protestas habrían sido financiadas con dinero del narcotráfico y que el gobierno investiga posibles conexiones criminales, lo que ha sido desmentido por los indígenas.

"Ratificamos nuestra voluntad de diálogo [...], pero necesitamos parar las descalificaciones", dijo el presidente de la mayor organización indígena, CONAIE, Leónidas Iza, al inicio de los diálogos. "Nosotros venimos con humildad, pero no podemos ser humillados".

Los gobiernos anteriores no han podido implementar un mecanismo efectivo para focalizar los subsidios a los combustibles para beneficiar a los sectores más vulnerables.

Entre enero y mayo de este año, los subsidios a los combustibles le costaron al gobierno unos US$ 1.700 millones, según datos del Ministerio de Energía.

"Estamos aquí dando la cara, poniendo nuestro contingente con funcionarios del gobierno dispuestos a abordar con seriedad las soluciones que el país necesita", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en la reunión. "Habrá cuestiones en las cuales nos tocará debatir y sobre las cuales tendremos diferentes lecturas".

El Gobierno planea destinar unos US$ 1.400 millones en gasto social durante lo que resta del año.