Se trata del primer juicio oral que concluye con una condena entre los más de 60 casos de asesinato de personas trans ocurridos en las últimas tres décadas en el país, dijo a Reuters la activista Mariana Sepúlveda, de la organización Panambí.
Asunción. En un histórico fallo que fue celebrado por la comunidad LGBT en el conservador Paraguay, la justicia declaró el martes culpable a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a una mujer trans y lo condenó a la pena máxima de 25 años.
Se trata del primer juicio oral que concluye con una condena entre los más de 60 casos de asesinato de personas trans ocurridos en las últimas tres décadas en el país, dijo a Reuters la activista Mariana Sepúlveda, de la organización Panambí.
"Hoy es un día histórico, que marca un gran precedente (...) nosotros no esperábamos una condena alta y ocurrió lo contrario, fue un fallo justo y estamos muy felices", señaló Sepúlveda luego de conocer la decisión de los tres jueces de primera instancia que condenaron a Blas Amarilla, de 23 años.
Amarilla fue acusado de atacar con un puñal a Romina Vargas a plena luz del día y sin mediar palabra cerca de una plaza en San Lorenzo, una ciudad aledaña a la capital en octubre de 2017. Vargas recibió una herida en el pecho y otra a la altura de las costillas. Murió antes de ser atendida en un hospital.
El mismo hombre apuñaló días antes a otra mujer trans que se recuperó luego de estar un mes y medio hospitalizada. Después de la muerte de Vargas fue apresado y recluido en el principal penal del país, donde también atacó a una persona trans.
En el juicio, que se inició y concluyó el mismo día en la ciudad de Luque, también limítrofe con Asunción, el acusado se mostró arrepentido y pidió disculpas a los familiares de la víctima antes de conocer la decisión de los jueces.
Afuera del juzgado, activistas trans portaban un cartel con la inscripción: "No existe justificación para la impunidad".
"Quedó demostrado que este fue un crimen de odio y que el hecho fue por el mero placer de matar", dijo la fiscala del caso Ana Girala.
Los activistas esperan que la decisión sirva para avanzar en la protección de los derechos de las personas LGBT, que consideran en retroceso en comparación con países vecinos como Argentina y Uruguay.
"Ahora tenemos la esperanza de algún cambio", concluyó Sepúlveda.
