A raíz del caso de la multinacional estadounidense surgen varias interrogantes, entre ellas si es justificable la práctica de sobornar trabajadores públicos desde el punto de vista económico o ético. Pese al repudio a esta práctica, sigue siendo común en varios países del mundo. A continuación se revisa qué se está haciendo por evitar esto.
El caso continúa traspasando las fronteras: Walmart, el mayor minorista del mundo, anunció de forma reciente que comenzó a investigar las alegaciones de que los ejecutivos de la empresa en México hicieron cientos de pagos ilegales -más de US$ 24 millones- para acelerar las aperturas de nuevas tiendas. Según un reportaje de New York Times, trabajadores de Walmart en EE.UU. supieron de los casos de soborno en 2005, pero no alertaron a los compañeros de EE.UU. o de México en aquella época.
Las acusaciones han puesto bajo sospecha a Walmart, que es también el mayor minorista de México y la principal fuente de empleos del país en el sector privado. Según los reportajes emitidos sobre el asunto, la investigación de posibles sobornos hecha por el propio Walmart podría llevar al despido de algunos ejecutivos de la empresa, acarreando multas importantes por parte del gobierno americano en caso de que las investigaciones revelen que los altos ejecutivos del minorista tenían conocimiento de los pagos ilícitos, pero no tomaron las medidas oportunas. El día siguiente a la divulgación de las acusaciones, las acciones de Walmart cayeron cerca de un 5%.
Tal vez ese sea sólo el comienzo de los problemas de la empresa: en otro caso también muy comentado, líderes de los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York dijeron que votarían contra la reelección de los directores de Walmart en la asamblea general de accionistas en junio. Además, el sistema de jubilación de los profesores del Estado de California, dueño de más de 5,3 millones de acciones de Walmart, presentó una demanda ante la justicia acusando a los altos ejecutivos de la empresa, en una actitud oportunista, de vender una enorme cantidad de acciones antes de que se hicieran públicas las operaciones ilícitas en México, a finales de abril.
Según especialistas en cuestiones jurídicas y éticas de Wharton y de otras instituciones, el caso de Walmart suscita una discusión más amplia sobre la forma en que las multinacionales hacen negocios en otros países. ¿Es el caso del supuesto soborno de la empresa en México algo anómalo o típico del comportamiento de las multinacionales, y que pocos ejecutivos estarían dispuestos a admitir? ¿Es justificable la práctica de sobornar trabajadores públicos desde el punto de vista económico o ético? Además de la caída de los precios de las acciones y de las demandas presentadas por los accionistas, ¿cuáles serían algunas de las posibles consecuencias del soborno de autoridades extranjeras?
Seguir las reglas establecidas
A pesar del alboroto que ha rodeado el caso Walmart, el soborno de trabajadores públicos continúa siendo una práctica muy común en diversos países del mundo, según los datos más recientes del informe anual de Transparencia Internacional (TI), organización sin fines de lucro con sede en Berlín y más de 100 oficinas en todo el mundo. El índice de Percepción de Corrupción del órgano, de 2011, señala que diversos gobiernos de Asia, América Latina y Oriente Medio son incapaces de proteger a sus ciudadanos del abuso cometido contra los recursos públicos, sobornos y decisiones tomadas en secreto. Entre esos países, México no es de ninguna manera el caso más grave.
Los diez países en que el soborno y otras formas de corrupción han sido más frecuentes el año pasado son Somalia, Corea del Norte, Myanmar (antigua Birmania), Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Sudán, Irak, Haití y Venezuela. México aparece en la posición 100 de 183 países monitorizados por TI, exactamente en la misma posición que países mucho menos desarrollados como Benin, Burkina Faso y Malawi.
A pesar del nivel de insatisfacción expuesto por el informe, los especialistas en corrupción sostienen prácticamente de forma unánime que ejecutivos americanos y de otros países están tomando más en serio que en el pasado las directrices anticorrupción. Una razón de eso es la Ley para Combatir las Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, según las siglas en inglés), de 1977, que impone penas severas a las empresas americanas que sobornen a trabajadores extranjeros. Además, un número cada vez mayor de ejecutivos reconoce que el soborno no es sólo éticamente erróneo, también antiproductivo para la economía.
En un artículo publicado en la edición más reciente de American Business Law Journal titulado "Cómo deben proceder las empresas para cumplir con las leyes anti soborno", Philip M. Nichols, profesor de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton, dice que diversos académicos "produjeron investigaciones convincentes sobre las barreras al desarrollo económico, la degradación de las instituciones sociales y políticas, la adjudicación equivocada de recursos y habilidades, el empobrecimiento y otros males sociales que la corrupción impone a las políticas de los países y a sus economías". Él añade que aunque haya una escasez de "datos empíricos corporativos sobre las consecuencias del pago de sobornos", la investigación existente, sumada a las discusiones y a las realidades del contexto regulatorio, "constituye un argumento bastante persuasivo [...] para que se cumplan las normas relativas al soborno".
Shaun Donnelly, vicepresidente de inversiones y de servicios financieros de United States Council of International Business, organización sin fines de lucro de Nueva York, dice que "la tendencia va en buena dirección [...] El sentimiento público es que el soborno no es una forma aceptable de hacer negocios", y que las empresas globales están volviéndose más escrupulosas en lo que concierne al cumplimiento de la ley.
Los años posteriores a la introducción de la FCPA, de 1977, "las empresas americanas estaban obligadas a actuar de manera correcta, pero las empresas de otros países, no", observa Donnelly. A partir de los años 90, los órganos internacionales han puesto en vigor convenciones anticorrupción semejantes, como las endosadas por la Organización de los Estados Americanos (1997) y por el Consejo de Europa (1999), Unión Africana (2003) y, de forma más significativa, la Convención Antisoborno (1999) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. "Muchas empresas de gran tamaño se toman esto en serio, y tienen programas de entrenamiento, evaluaciones y revisiones anuales", añade Donnelly.
Nichols dice que la creciente integración económica global también ha llevado a muchas empresas a evitar el soborno y otros tipos de corrupción que, en el pasado, eran considerados comunes. "Los gobiernos saben que la gestión del perjuicio local causado por el soborno requiere coordinación [con otros gobiernos]", dice Donnelly. "Cualquier sector que se involucre con lo que parezca ser una actividad local se expone a la coordinación global" en esa nueva economía integrada. La globalización "ha hecho que un número mayor de personas conozca la corrupción y su impacto negativo. Lo que antes se veía como 'problema de los demás' ahora es 'problema nuestro'", dice. De la misma manera, las empresas ya no se ven como entidades aisladas, sino como una red regional o global de proveedores, empleados y distribuidores.
Según Felipe Monteiro, profesor de Gestión de Wharton, las multinacionales deberían aceptar de forma positiva las exigencias jurídicas más rigurosas actuales y considerarlas como una especie de bonificación derivada de los numerosos beneficios de que disfrutan debido a la escala sin precedentes en que operan. Por ejemplo, empresas de gran tamaño como Walmart tienen poder sobre sus proveedores y pueden recurrir a mejores prácticas que no están disponibles para las empresas de pequeño tamaño. Los Walmarts del mundo "tienen incontables ventajas", entre ellas el acceso al global sourcing [posibilidad de hacer compras de proveedores de cualquier parte del mundo], resalta. "La intolerancia a la corrupción, a diferencia de lo que hacen algunas empresas locales, es el precio a pagar por eso".
En general, Monteiro dice que los gerentes de las empresas globales necesitan hacer una serie de ajustes entre las prácticas corporativas que posiblemente tengan que ser adaptadas a las costumbres locales y las que deben conservar como procedimientos básicos en todo el mundo. Mientras más rigurosos sean los requisitos internacionales de transparencia, divulgación y documentación, "más difícil será para las multinacionales adoptar prácticas distintas [en diferentes países] sin incurrir en problemas".
Una dosis de escepticismo
William S. Laufer, profesor de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton, tiene una visión más escéptica de las tendencias actuales. "Es verdad que la aplicación de la Ley para Combatir la Corrupción en el Exterior es cada vez más agresiva [...] y que el programa de cumplimiento de la FCPA es entendido como parte de una práctica más amplia de mitigación de riesgo a nivel empresarial", dice Laufer. "No se sabe a ciencia cierta, sin embargo, si la intensificación de las exigencias en el exterior, junto con los esfuerzos de conformidad con la FCPA tendrían algún impacto significativo sobre los índices de corrupción y de soborno. No es una sorpresa, por lo tanto, que esos datos no estén disponibles. Desafortunadamente, faltan también investigaciones basadas en evidencias sobre la eficacia de diferentes programas para combatir la corrupción, así como una estrategia general [...] Es prematuro e imprudente creer que cualquiera de esas cosas pueda marcar alguna diferencia".
No hay ningún "estudio sistemático" del asunto hasta el momento, observa Nichols, en parte porque los actos de corrupción ocurren de forma secreta, y mucha gente prefiere no hablar abiertamente sobre qué hace, con quién lo hace y con qué frecuencia. El Índice de Percepción de Corrupción de TI, por ejemplo, ha sido criticado por apoyarse en datos obtenidos por terceros. Los críticos señalan que los datos de TI sobre países específicos varían mucho dependiendo de la percepción que el público tiene de esos países, de lo completa que sea la investigación y de la metodología utilizada.
¿Qué salió mal en el caso de Walmart?
En vista del consenso cada vez más amplio de que hay que tomar en serio las exigencias para combatir la corrupción, las acusaciones contra Walmart parecen sorprendentes, observan los especialistas. A fin de cuentas, para Walmart, abrir nuevas tiendas en México y en otros países extranjeros es "parte fundamental de su modelo de negocios", dice Nien-he Hsieh, profesor de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton. Por lo tanto, o la alta dirección de la empresa no sabía lo que pasaba, o lo sabía, pero no creyó que fuera importante censurar ese tipo de comportamiento ilegal, dice.
Si las empresas saben los riesgos de la no conformidad, ¿por qué recurren al soborno? Una posible explicación, dice Nichols, es que para mucha gente el soborno sabe a "fruta prohibida". Eso sucede casi siempre con empresas sin ninguna sofisticación y que no quieren invertir ni tiempo ni dinero en esfuerzos para hacer las cosas de la manera oportuna. Ese tipo de comportamiento tal vez surja de forma más común de la percepción de que el soborno es sólo una manera "como otra cualquiera" de hacer negocios en los países en desarrollo. "Es la solución del individuo perezoso, que recurre a ella en vez de vender, de hecho, las soluciones que tiene", dice Donnelly, ex embajador americano en Sri Lanka. "Hay quien razona [de forma equivocada] que por tratarse 'de un país pobre, todo el mundo es corrupto, es decir, así son las cosas".
Cuando la gerencia senior cede a ese tipo de comportamiento, el impacto sobre toda la empresa es negativo, informa Nichols. "Existe una tendencia, siempre que la alta gerencia cede a un tipo de comportamiento indisciplinado y con motivaciones egoístas, de que el escalafón inmediatamente inferior incurre en ese mismo tipo de comportamiento". Tal actitud se vuelve parte de la cultura corporativa, alimentando un ciclo vicioso de expectativas éticas muy bajas.
"En EE.UU., es posible distinguir sin ningún problema entre un regalo y un soborno", añade Nichols. Eso sucede porque el soborno requiere un retorno específico por el pago realizado. En los países emergentes, por su parte, tal vez sea más difícil hacer una distinción de ese tipo. En algunos países, los ejecutivos aprenden que regalar cosas lujosas es un componente esencial de la cultura local, y no algo que se deba evitar. Oponerse a esa práctica puede hasta enfriar las principales relaciones personales de los gerentes.
Pero para evitar cualquier posible equívoco, Nichols dice que algunas empresas de forma muy sabia "establecen un patrón bastante riguroso", excluyendo incluso pequeños regalos, como almuerzos gratis, dentro del universo de lo que es considerado aceptable. Al adoptar la regla "cuando estés en Roma haz como los romanos", se atribuye a otros una "inflexibilidad que no atribuimos a nosotros mismos. La idea de que mis reglas son ligeramente diferentes de las suyas, y que entre nosotros hay un vacío insalvable, es un argumento que no tiene base en la realidad. Es presunción", advierte Nichols. Las personas percibirán que no las estás insultando si rechazas, de forma educada, el intercambio de regalos de cualquier tipo, incluso cuando la contrapartida no es evidente, dice Nichols.
Hsieh concuerda y dice que algunas empresas suelen "subestimar las proporciones de su implicación en ciertas prácticas", rechazando firmemente, por ejemplo, cualquier tipo de pago indebido. 'No debemos imaginar que todo el mundo sea corrupto en un determinado país. Es preciso dejar claro" que no habrá sobornos de ningún tipo, añade. El objetivo debe ser cortar la corrupción de raíz.
Al mismo tiempo, las empresas de los países desarrollados deben tener en mente que las prácticas de corrupción, como sobornos, no se limitan al mundo en desarrollo. En los países en que la regulación es más severa, adquiere formas más sutiles. "Una de las maneras desafortunadas de pensar sobre la corrupción que obstaculiza el desarrollo es la percepción impropia de autocomplacencia", destaca Laufer. "Es evidente que debemos indignarnos con el impacto de la corrupción sobre la pobreza, con la desigualdad de oportunidades en la base de la pirámide económica y con la explotación, por parte de las empresas multinacionales, de un escenario de poca rigidez en la aplicación de las leyes en un país en que el estado de derecho se encuentra comprometido". Sin embargo, "es preciso que haya una cierta humildad en la forma en que el mundo 'desarrollado' formula sus estrategias para combatir la corrupción".
"Se debe poner de lado todas las formas de corrupción sujetas a las leyes federales, provinciales y locales y pensar en cosas como, por ejemplo, la influencia político-corporativa", añade Laufer. "El otoño pasado, se divulgó el Índice CPA-Zicklin de Prestación de Cuentas y Transparencia en Wharton [...] Ese índice anual monitorea hasta qué punto las empresas revelan sus gastos políticos, es decir, gastos por la compra pura y dura de influencias. ¿Es esto corrupción?"
