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A. Latina se suma a ola de denuncias por pedofilia y acentúa la crisis de El Vaticano
Lunes, Abril 26, 2010 - 11:17

Si bien la situación en Latinoamerica no tiene la magnitud que se ha registrado en EE.UU., países como Brasil, México o Chile empiezan a tratar el tema con mayor fuerza pública.

Sobre mojado le llueve en la actualidad a la Iglesia Católica. Partiendo por su máximo líder, el Papa Benedicto XVI, quien por estos días -aparte de cumplir su quinto año de pontificado- enfrenta en Estados Unidos una demanda de una de las víctimas del fallecido sacerdote Lawrence Murphy.

El religioso estadounidense ha sido acusado de abusar contra cerca de 200 menores, para lo que habría contado con el silencio de El Vaticano, en la que la gestión del actual líder de la iglesia católica habría sido no menor.

Si bien en América Latina aún no se registran denuncias a esa escala y con esa cantidad de involucrados -en Estados Unidos se registraron entre 1950 y 2002, 10.667 casos de pedofilia que involucraron a casi 4.400 sacerdotes católicos y con una alta tasa de casos con pruebas suficientes- las situaciones, a diferencia de hace algunos años, empiezan a plantearse con más fuerza en el ámbito público en países como México, Brasil, Paraguay y Chile.

Casos en Latinoamerica. En Brasil, por ejemplo, la fiscalía del estado de Alagoas (nordeste del país) ha acusado en los últimos meses a cuatro sacerdotes por acusaciones de pedofilia y posesión de material pornográfico. Tres de ellos fueron separados en marzo último y se investiga a un caso posterior.

Entre esas acusaciones, se ha sostenido inclusive, la existencia de un video en la que aparece el padre brasileño Luis Marques Barbosa, de 82 años, manteniéndo relaciones sexuales con un joven de Alagoas, de acuerdo al diario El Economista. El punto llegó a tal extremo, que hay voces que solicitan tratar el tema en el próximo encuentro de la iglesia brasileña, en mayo próximo.

México, en tanto, registra, también hace pocos días, la acusación de un ciudadano mexicano no identificado contra el cardenal de Ciudad de México, Norberto Rivera, y el cardenal de Los Angeles, Roger Mahony, por encubrir en la década de 1980 a un sacerdote con un largo historial de pedofilia y que terminó trasladado a Estados Unidos. El religioso acusado fue expulsado de su orden en 2009. 

La situación, junto a otras acusaciones registradas en los últimos años en el país azteca, traen al tapete lo sucedido con el padre Marcial Maciel, fundador de Los Legionario de Cristo, y que tiene a la orden religiosa con supervisión directa de El Vaticano.

Con las acusaciones de pedofilia sobre un sacerdote de 80 años -y de gran reconocimiento entre sus feligreses- Chile en las últimas horas también ha enfrentado la sombra de la pedofilia en la iglesia católica. Fernando Karadima ha recibido acusaciones de cinco personas por prácticas deshonestas y dos de ellas inclusive han especificado contactos físicos y un dominio psicológico inusitado sobre ellos por parte del religioso. La situación ha llevado a reconocer al Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, a reconocer que existen casos de pedofilia en la iglesia chilena, "aunque poquitos gracias a Dios".     

Paraguay también registra denuncias de encubrimientos sobre el obispo de Ciudad del Este, que habría encubierto a un sacerdote que habría mantenido relaciones sexuales con un menor de 16 años -actualmente de 18 años- bajo el pretexto de realizar curaciones sobre el joven. El cura habría sido trasladado y la fiscalía local se encuentra indagando el caso, de acuerdo al periódico Tucuman Hoy

¿Debilitamiento del Vaticano? La indignación entre muchos feligreses y los que están alejados de la iglesia, empieza a correr cada vez más fuerte sobre la iglesia y el Papa. Negligencia, complicidad y ocultamiento de violaciones físicas y psicológicas contra menores en EE.UU. y Europa, además de países como Brasil, México y Colombia en América Latina, empiezan a generar una sensación creciente de malestar.

¿Se podrá arreglar? Es una gran pregunta, que por lo menos en EE.UU., con la ola de denuncias surgidas a principios de la pasada década, implicaron indemnizaciones en torno a los US$2.000 millones para los afectados. Y al parecer las heridas han estado lejos de cerrar.