El principal tema pendiente es una reforma tributaria estructural para poner en orden las deficitarias finanzas públicas, el mayor obstáculo que enfrenta el país para recuperar el grado de inversión.

Bogotá. El recién elegido Congreso de Colombia heredará cruciales desafíos fiscales y laborales, dos de los principales problemas del país que representan retos enormes para una institución con una imagen deteriorada por repetitivas denuncias de corrupción e ineficiencia de sus integrantes.

De acuerdo con la máxima autoridad electoral del país, la coalición del gobierno del presidente Alvaro Uribe mantuvo en las elecciones del domingo la mayoría de las curules del legislativo que comenzará sus actividades el 20 de julio para un periodo de cuatro años.

El resultado de los comicios, el principal termómetro para las elecciones presidenciales de mayo en las que se escogerá al sucesor de Uribe, favorecería al más favorito para reemplazarlo según los sondeos, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

El principal tema pendiente, en opinión de los expertos, es una reforma tributaria estructural para poner en orden las deficitarias finanzas públicas, el mayor obstáculo que enfrenta Colombia para recuperar el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo, que el país perdió hace una década.

"Lo principal es una reforma tributaria, pero no como las que han habido hasta ahora, que han sido parches, sino una estructural que suponga un pacto fiscal que permita atender un problema central como es la pobreza", dijo Jorge Bula, decano de la facultad de economía de la Universidad Nacional.

La reforma toma mayor relevancia en momentos en que se ampliaron las metas fiscales a un déficit de 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el gobierno Nacional Central y de 3,7% del PIB para el sector público consolidado, por el impacto de la crisis económica sobre las cuentas, que se verá reflejado en el recaudo.

¿Congreso capacitado? Otro tema que expertos consideran fundamental en la próxima legislatura es una reforma al sistema de salud, en caso de que la Corte Constitucional declare ilegal los decretos de una reciente emergencia social que emitió el gobierno para atender al debilitado sector.

Además, está pendiente por tramitarse una regla fiscal para enfrentar las dificultades económicas y sociales que generan las crisis globales, al tiempo que sectores de la economía piden una reforma laboral para combatir el desempleo, que subió a un 15,3 por ciento en enero pasado en el área urbana, en medio de una alta informalidad.

La agenda económica del Congreso sufrió traspiés en los últimos años, opacada por el debate que generó una reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe en el 2006 y posteriormente un controvertido proyecto de referendo con el que se buscaba habilitarlo para que buscara un tercer periodo pero que fue declarado ilegal por un tribunal.

El legislativo también tiene como reto mostrar una mayor responsabilidad para acabar con aspectos que han deteriorado su imagen, como la corrupción y en los últimos años los vínculos de muchos de sus integrantes con fuerzas ilegales como escuadrones paramilitares y la guerrilla izquierdista, por lo que algunos de ellos terminaron en la cárcel.

Ahora, en opinión de algunos, el nuevo Congreso adolece del conocimiento económico para sacar adelante las reformas necesarias, por lo que sólo se limitará a aprobar las propuestas del gobierno pero no en presentar proyectos propios, en medio de una oposición fuertemente debilitada.

"Me preocupa ver la composición del nuevo Congreso porque los temas que se vienen y que deben ser parte del control político y de los debates son supremamente difíciles y exigirían un nivel técnico que no veo en el Congreso", dijo la ex senadora y reconocida economista Cecilia López.

"Si es difícil hacer los debates, imagínese pasar los proyectos de ley y el Congreso ha estado muy dominado y muy controlado personalmente por el presidente de la República y a mí me parece que ahora eso se puede agravar mucho más", agregó.

Pese a que la mayoría de los consultados calificó de pobre la actuación del Congreso durante los últimos años, algunos resaltaron la aprobación de reformas como la de pensiones, la democratización de las acciones de la estatal petrolera Ecopetrol, una del sector de hidrocarburos que incentivó la inversión extranjera y las leyes de estabilidad jurídica.

Para Alberto Bernal, jefe de estrategia para América Latina de Bulltick Capital Markets, que sigue los congresos de otros países como Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil y Perú, la gestión del legislativo colombiano no fue mala comparativamente.

"A pesar de que para alguien que vea sólo el concepto colombiano dirá que son irresponsables, la verdad en términos objetivos, me parece que si uno hace un ejercicio juicioso sobre lo que se aprobó, lo cierto es que hubo gestión y hubo cambios y la mayoría de esos cambios fueron positivos", opinó.