La iniciativa, que se discute en el Congreso del país austral, tiene por objetivo reducir las capturas industriales y aumentar las artesanales en especies como anchoveta, sardina común, merluza común y jibia.

La pesquera chilena Camanchaca informó que designó un equipo legal para defenderse del proyecto de Ley que busca modificar el fraccionamiento pesquero y las licencias del rubro, por ser “una amenaza” para la industria.

La iniciativa, que se discute en el Congreso chileno, tiene por objetivo reducir las capturas industriales y aumentar las artesanales en especies como anchoveta, sardina común, merluza común y jibia.

Tras la junta ordinaria de accionistas, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, expresó la preocupación de la empresa por el contenido y las implicancias del proyecto de ley.

Expresó que “de aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos se afectarán gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación”.

Agregó, citado en un comunicado de la empresa, que “la ley impondría cargas económicas desproporcionadas e injustas, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio”.

La compañía informó que decidió conformar un equipo interdisciplinario, liderado por el abogado Jorge Bofill Genzsch, del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados, que analizará todos los escenarios derivados de esta reforma legal y definirá los cursos de acción legales necesarios para salvaguardar el interés de la empresa frente al actuar de órganos del Estado, de los que consideran han actuado “al margen de la Constitución”.

“Lo que está ocurriendo con la discusión de esta ley nos obliga a tomar decisiones concretas que resguarden el porvenir de nuestra empresa. Por ello, de aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial”, expresó García Holtz.

En la ocasión se explicó que “la decisión de acudir a la justicia también se debe que la nueva ley no sólo es una amenaza para sus accionistas directos, sino que también para los millones de trabajadores chilenos que, a través de sus fondos de pensiones, son accionistas indirectos de la compañía. Por último, el proyecto de ley pone en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, el sustento de nuestros proveedores y la continuidad de nuestras inversiones”.

El gerente general de Camanchaca indicó que este proyecto de ley “busca otorgar un beneficio a terceros que no necesariamente representan al pescador artesanal que la ciudadanía esperaría proteger, sino a propietarios de embarcaciones de gran escala y alto valor económico”.