Lo anterior lo expuso en voz de Susana Jiménez, presidenta de la CPC, en una carta firmada por ella y que envió a diario El Mercurio.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -gremio que agrupa al gran empresariado de Chile- comentó que ve conductas desde el aparato estatal que ponen “en riesgo” la democracia; y que a la vez ha percibido que se “acallan” las discrepancias.

Lo anterior lo expuso en voz de Susana Jiménez, presidenta de la CPC, en una carta firmada por ella y que envió a diario El Mercurio.

Ejemplificó que organismos como la Superintendencia de Pensiones (SP) emiten normativas o circulares a través de las cuales traspasan -o bien amplían- sus competencias legales.

“Un país serio como el nuestro, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de un órgano del Estado, como por ejemplo, las normas que buscan —vía circulares— aumentar las atribuciones de la SP (…)”, indicó.

La presidenta de la CPC añadió que con ello, la SP ha buscado “ejercer control sobre los actos de una organización gremial y sus asociados relacionados con publicidad o gobernanza, vulnerando la autonomía de los cuerpos intermedios”.

Lo anterior, tiene relación con un comunicado que emitió el regulador, en el cual informó que publicó para consulta una propuesta de regulación sobre la publicidad realizada por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el contexto de aplicación de la Reforma de Pensiones, para “regular la facultad de la Superintendencia de fiscalizar toda publicidad, promoción o auspicio que las administradoras efectúen de manera directa o indirecta”.

En la misiva que envió al matutino, Jiménez opinó que actos como ese “atentan contra el Estado de Derecho y se pone en riesgo la democracia”.

“Cualquier intento del Estado por imponerles restricciones más allá de la ley buscando acallar voces discrepantes, atenta gravemente contra la legalidad, la libertad de expresión y la autonomía institucional garantizada en la Constitución. Con ello, se debilita el rol de la sociedad civil (…)”, sostuvo.

Por último, en su carta titulada “Exceso normativo más allá de las leyes”, la presidenta de la CP señaló que los gremios y empresas siempre buscan participar del debate público, “aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común”.