Un "téngase presente" ingresó la Confederación de la Producción y del Comercial por la nueva ley que endurece las sanciones -incluso con cárcel- para quienes cometan delitos económicos y ambientales.

A puertas de ser promulgada se encuentra la nueva ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente en Chile, aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. 

La iniciativa continúa generando inquietud en el mundo empresarial del país, y entre los especialistas se han contrapuesto las opiniones, calificándola desde “represiva” hasta como “un cambio histórico”.

La Confederación de la Producción y del Comercio, el principal gremio empresarial de Chile, arremetió en contra de la normativa que establece la creación de cuatro categorías para determinar los diferentes grados de sanciones y presentó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional por supuestos vicios de constitucionalidad que tendría el texto.

El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, fustigó la decisión del gran empresariado y recordó que la tramitación contó miradas de diversos expertos.

La CPC plantea que el proyecto lo que hace es “atentar contra el propio orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.

El senador de Demócratas, Matías Walker, adelantó que acudirá al TC para presentar su posición y lamentó que se opongan al término de las clases de ética como método de sanción.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, explicó que ellos advirtieron de los riesgos que implicaba para la actividad empresarial, añadiendo que “crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”.