Madrid. La Junta Única de Resolución (JUR) decidió de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe concluyó que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.

Entre los accionistas afectado se encuentra el grupo chileno Luksic, que había invertido más de US$100 millones en la entidad española por el 3% de su propiedad.

La institución europea explicó en su informe no confidencial, que la decisión se da de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe Valoración 2, "que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución".

Según la JUR, el último informe sobre la operación revela que éstos hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso. "El informe de Valoración 3 llega a la conclusión de que, bajo procedimientos normales de insolvencia, las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores".

En todos los escenarios de liquidación analizados en el informe se habrían perdido 9.400 millones en capital (US$10.861 millones) y 2.000 millones (US$2.311 millones) en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones (US$9.937 millones) en instrumentos subordinados (deuda intragrupo).

Una liquidación, en el mejor de los casos y tras un periodo de siete años, habría reducido sus pérdidas a US$3.300 millones, mientras que con la resolución salieron intactos, añade el informe, según publica El Mercurio, citando a EFE.

El documento señala que la liquidación de la entidad habría costado entre 23.400 millones (US$27.038 millones) y 34.100 millones de euros (US$39.402 millones), cifras muy superiores a los 11.400 millones (US$13.172 millones) que costó la resolución, y que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada.

En todos los escenarios de liquidación analizados en el informe se habrían perdido 9.400 millones en capital (US$10.861 millones) y 2.000 millones (US$2.311 millones) en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones (US$9.937 millones) en instrumentos subordinados (deuda intragrupo).

La Junta Única de Resolución se basa en esta conclusión para considerar que no tienen derecho a compensación conforme a las normas europeas. No obstante, antes de adoptar su decisión definitiva, el organismo recibirá las alegaciones de los afectados, que tendrán hasta el 14 de septiembre para pronunciarse.

*Con información de El Economista y El Mercurio.