Bogotá. Los camioneros están furiosos. Y tienen por qué. Primero, después de un acuerdo firmado con el Gobierno lograron que se estableciera un modelo económico en el que se respetaran unos precios mínimos que deberían pagar las empresas y los industriales por movilizar su carga, pero no se está cumpliendo. Segundo, dicen que el precio de algunos peajes se ha incrementado más del 300%. Tercero, advierten lo que muchos sectores vienen criticando hace años: el elevado precio de los combustibles. Para sumar, hablan de las millonarias pérdidas que se vendrán con el cierre de la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Por eso, Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo nacional de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), advierte que esta semana se definirá cuándo será la que él llama como la gran protesta nacional.

Esta será una protesta nacional. Venimos muy preocupados con el Gobierno por la desolación enorme en la que nos tienen. No cumplen los acuerdos que firmamos, no son serios, parece que se entrelazaran los ministerios para dilatar las cosas.

Tenemos un documento firmado del 19 de marzo pasado con 35 puntos de acuerdo, se ha cumplido el 20%, el resto lo han dilatado. Está el Sistema Integral de Costos Eficientes (SICE-TAC), que es una estructura que define costos operativos fijos y variables logísticos. Establece un decreto que en ningún caso se puede pagar por debajo de lo que ese sistema establece. Eso no se ha cumplido. El Gobierno no hace valer esa norma. Por el contrario, es permisivo con los industriales. Incluso ha sacado dos circulares a través de la Supertransporte, en donde dice que si se viola, sancionan. Y acto seguido, después de la reacción de la Andi, por medio del Viceministerio de Transporte, emiten otra circular diciendo lo contrario. Se inventan esquemas de operación que no tiene la norma.

Los transportadores le recordamos al Gobierno Nacional que el artículo segundo del Decreto 2228 dice que en ningún caso se puede pagar debajo de los costos eficientes de operación establecidos en el SICE-TAC y publicados por el Minstransporte.

El generador de la carga y la empresa de transporte le deben cumplir al transportador. Esos dos no están cumpliendo consentidos por el mismo Gobierno. Hemos conocido por el correo de las brujas que un grupo importante de exportadores se reunió con el presidente Santos y el objetivo era cómo elevar los niveles de exportación. Dentro de muchos temas que tocaron entre aduanas y aranceles, una de las condiciones que se pidieron era la derogación del SICE-TAC. Nos contaron que el presidente dijo que se comprometía a derogarlo. Y eso no lo vamos a permitir. Esa herramienta establece costos operativos y ningún negocio en el mundo renuncia a sus costos operativos.

Estamos trabajando muchas rutas entre el 20 y el 50% por debajo de los costos operativos. No es viable este negocio. Seguimos porque no sabemos hacer otra cosa. Comprar una tractomula vale $400 millones, son inversiones altas y no podemos renunciar a ellas. Queremos crecer como sector, ser competitivos y no conozco competitividad sin rentabilidad.

La sobreoferta vehicular es la que tiene al sector así. Hay muchos camiones para tan poca carga. Entre el año 2006 a 2012 ingresaron al país 120.000 vehículos de carga que no estaban presupuestados, Planeación Nacional jamás hizo su trabajo y no los proyectó. No se fijó qué carros deberían salir, qué características técnicas necesitaba el país y qué carrocerías se necesitaban. Llegaron a través de la póliza.