Tegucigalpa. El cobro de US$17 que se aplicará a los pasajeros que entren y salgan (en total US$34) por los aeropuertos internacionales del país representa un jugoso negocio de casi US$270 millones (más de 5 mil millones de lempiras).

Esto, en virtud de que al año unos 800.000 pasajeros salen o entran al país por los cuatro aeropuertos internacionales.

Esto representará una recaudación de US$27 millones, los que multiplicados por los 10 años de contrato dejarán un estimado de US$270 millones.

La cifra puede ser superior en virtud de que cada año la afluencia de pasajeros por los aeropuertos aumenta.

El contrato. La Secretaría del Interior y Población suscribió un contrato con la empresa Securiport para la instalación de un registro biométrico avanzado de los viajeros, a quienes cobrará US$17 por ingreso y otros US$17 por salida de la nación, cuando lo hagan por las cuatro terminales aéreas.

Sospechosamente, el gobierno mantuvo en secreto la aprobación de este contrato, del cual no se supo hasta que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) lo denunció.

El cobro es denominado en el contrato como "tasa de seguridad".

Las líneas aéreas que hacen vuelos dentro y fuera del país deberán pagar el costo del servicio de seguridad por cada pasajero que utilice sus aviones y para ello tendrán que depositar lo correspondiente en una cuenta especial.

Esta cobranza implica también una elevación en los gastos de operación para las líneas aéreas, pues tendrían que ampliar su estructura administrativa para el manejo del traslado de esos fondos a Securiport.

El cobro por los servicios de "seguridad" se incorporará en los boletos aéreos, de manera que el viajero no tendrá necesidad de hacer pagos en ventanillas adicionales.

Por ende, esto implica que el pasaje aéreo podría aumentar en más de US$34, ya que la aerolínea podría incluir los gastos que implique el manejo administrativo de esta nueva tasa.

"No son cobros adicionales, la empresa (aérea) no es que lo va a observar, el documento (contrato) dice claramente que se les va a cobrar a los pasajeros entrando y saliendo del país", dijo el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Honduras, Armando Funes.

Antecedentes. El golpe a los viajeros se comenzó a gestar el 24 de marzo de 2011, cuando el Poder Ejecutivo creó el acuerdo 29-2011, mediante el cual autorizó a la Secretaría del Interior y Población para realizar la contratación de una empresa que monitoreara el ingreso y salida de personas de Honduras por 22 puntos fronterizos.

Luego, el 9 de mayo de 2011, el ministro del Interior, Áfrico Madrid, firmó el contrato de forma directa con la compañía Securiport, de Estados Unidos, a fin de que instalara en esas aduanas sistemas especiales de registro de ciudadanos.

El Congreso Nacional aprobó ese contrato la madrugada del 14 de diciembre de 2011, el cual deberá entrar en vigencia una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta y el cobro será aplicado 120 días después de esa publicación.

Uno de los equipos que Securiport pondrá en marcha es el sistema Ultrascan, que consiste en la inscripción vía ultrasonido de la huella dactilar de los viajeros.

Esta lectura es diferente al registro por luz de la huella digital que normalmente se utiliza, pues la información es, según el contrato, más fiel debido a que el sistema no sufre interferencia.

La información que se recolecte de una persona permitirá hacer un cruce con bases de datos internacionales para determinar si el ciudadano tiene antecedentes criminales.

"Si el pasajero es identificado como un sospechoso, el sistema emite inmediatamente las advertencias correspondientes al personal de inmigración y seguridad", señala el contrato.

Vigilancia. De igual manera, Securiport se encargará de dotar a las aduanas de equipos informáticos y de video para vigilar el movimiento migratorio en esos sectores.

Estas acciones forman parte del sistema de Información Integrado sobre Tráfico de Pasajeros Internacionales (IICS) que esa sociedad ejecutará como parte del contrato.

El convenio establece que Securiport hará una inversión de US$31.6 millones para la instalación de esos mecanismos de vigilancia.

Un aspecto que resalta en el contrato es que esta inversión será recuperada prácticamente en menos de dos años de funcionamiento, de acuerdo a los montos que se prevé recaudar en concepto de "tasa de seguridad".

Previo al pago de la inversión, Securiport ya enteró al Estado de Honduras una garantía de US$17 millones.

Garantía. La Secretaría del Interior servirá como garante de los pagos a la empresa estadounidense en caso de que las aerolíneas no puedan hacer las transferencias de las recaudaciones de forma mensual.

Cuando las líneas aéreas se retrasen en los pagos, a la Secretaría del Interior se le da un plazo perentorio de 48 horas para honrar la deuda.

En caso de que exista una disputa contractual entre las partes, se deberá de iniciar un proceso de arreglo extrajudicial.

Si la disputa no se soluciona de forma amistosa, el problema se resolverá bajo el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y el lugar del juicio será Honduras.