Lima. El futuro de la empresa constructora brasileña Odebrecht en Perú es incierto, a tenor de las declaraciones políticas y judiciales tras desatarse el escándalo de haber conseguido, mediante pagos indebidos (corrupción), obras públicas de infraestructura.

Según confesión de la propia matriz Odebrecht ante la justicia estadounidense, en 12 países de América Latino entregó 788 millones de dólares por "coimas", y de esa cifra 29 millones de dólares en Perú, en el lapso de tiempo en que se sucedieron los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), para adjudicarse cerca de 20 proyectos o para obtener mayores beneficios mediante adendas en los contratos originales.

Por cierto, la percepción pública es que la cifra de pagos por corrupción es más alta y, se alzan voces, para que se investigue, incluso, desde los años de 1990, cuando gobernaba Alberto Fujimori (1990-2000).

El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, decidió el pasado 23 de enero poner fin el contrato del Gasoducto del Sur Peruano, que llevaba adelante la filial peruana Odebrecht Latinvest en consorcio con la española Enagás y la peruana Graña & Montero, e incluso el gobierno cobró una penalidad de 262 millones de dólares al no poderse cumplir, en la fecha, con obtener los recursos financieros necesarios para seguir con la construcción que tiene un avance general de poco más del 37 por ciento.

La Odebrecht Latinvest, a través de su nuevo director ejecutivo, Mauricio Cruz, que reemplaza al anterior, Jorge Barata, también de nacionalidad brasileña, ha dado repuestas no muy convincentes ni aclaratorias.

Kuczynski, con voz grave, anunció ese mismo día que "tienen que irse", respaldando las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, de que el gobierno no podía permitir que "empresas vinculadas a corrupción" participen en proyectos en el país.

La Odebrecht Latinvest, a través de su nuevo director ejecutivo, Mauricio Cruz, que reemplaza al anterior, Jorge Barata, también de nacionalidad brasileña, ha dado repuestas no muy convincentes ni aclaratorias.

Odebrecht suscribió un acuerdo reservado, que después se dijo era un "pre acuerdo", con el fiscal Hamilton Castro a cargo de las investigaciones, donde, según detalles que han salido a la luz, asume el compromiso sin restricciones de "colaborar con la justicia peruana", acompañado de un pago de 30 millones de soles (cerca de diez millones de dólares) a cuenta de presuntas futuras multas por agravio al Estado peruano.

Hasta el momento, sólo dos funcionarios públicos, a cargo de la Línea 1 del Metro de Lima, han sido detenidos y denunciados por haber cobrado poco más de ocho millones de dólares a través de una empresa "off-shore" en Andorra; otros presuntos implicados, considerados también "peces menores", abandonaron el país entre diciembre pasado y los primeros días de enero de este año.

La constructora brasileña tiene, entre otros, capitales en obras de envergadura como en las iniciativas de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) Norte (que va del litoral norte peruano a la amazonia) y Sur (en la vía Interoceánica), en la hidroeléctrica Chaglla, en la región amazónica de Huánuco, y en el proyecto de irrigación Olmos, en la región noroccidental de Lambayeque.

¿Cuál será el futuro de Odebrecht en Perú?

Nadie tiene aun una respuesta puntual. Sin embargo, se entiende que ese horizonte pasará por decisiones del Poder Judicial, sea por la vía penal o civil, con una sentencia firme.

Es decir, el Ministerio Público, tras la investigación que realiza, tiene que elevar una denuncia formal ante el Poder Judicial y luego, de haber mérito, abrirse la instrucción correspondiente; paralelamente, el Congreso Nacional también hace una investigación del caso Odebrecht, incluyendo el denominado "Lava Jato", que involucra a otras empresas brasileñas que han o están ejecutado obras de infraestructura presuntamente a través de adjudicaciones o licitaciones irregulares en Perú.