Los analistas Montserrat Ramiro y Juan Carlos Quiroz aseguraron que todo el proceso de apertura, desde la Ronda Cero hasta la implementación de los contratos, debe enfocarse en atraer inversiones.

ElEconomista.com.mx. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la solicitud de Petróleos Mexicanos (Pemex) para quedarse con 83% de las reservas probadas más probables (2P) de hidrocarburos puede dar una mala señal a los potenciales inversionistas del sector: de que sólo podrán trabajar en el país asociados con la estatal, por lo que la Secretaría de Energía (Sener) debe evaluar reducir ese volumen.

En la presentación del documento de trabajo “El destino está en los detalles: las leyes secundarias de la reforma energética”, los analistas Montserrat Ramiro y Juan Carlos Quiroz aseguraron que todo el proceso de apertura, desde la Ronda Cero hasta la implementación de los contratos, debe enfocarse en atraer inversiones, que en hidrocarburos llegarán en un lapso entre cinco y siete años.

Además, detallaron que la legislación secundaria de la reforma constitucional todavía tiene esperanzas de ser discutida en este periodo de sesiones, aunque será materia de trabajo de los legisladores definir si conviene apresurar la discusión, para lo que el Ejecutivo necesita destrabar los temas pendientes.

La legislación secundaria debe incluir todas las actividades, explicó Quiroz, desde la licitación de los campos hasta el cierre de los mismos, sin que ello implique que deba tener el detalle de todos los procesos. Sin embargo, el documento enfatiza la transparencia que debe plantearse como eje conceptual del nuevo paradigma energético, porque según los analistas será clave en la certidumbre para potenciales inversionistas y debe ser una práctica que se ejecute de manera transversal en todos los momentos, esté o no definido en la ley.

La mayor complicación de los esquemas de contratación petrolera, dijo Ramiro, será el seguimiento a los términos de los contratos y no la elaboración de los mismos, ya que se corre el riesgo de que prive la lógica de negocio de maximizar ganancias inflando costos de producción, por lo que la legislación secundaria debe ser clara en cuanto a las contraprestaciones que obtendrán los privados en concordancia con sus resultados, o se corre el riesgo de que sólo busquen recuperar sus inversiones con un mínimo de ganancia, como ocurre en los contratos integrales que implementó Pemex desde el 2011.

Finalmente, explicaron que el país entrará en un modelo de regulación desconocido, que necesita quedar exhaustivamente detallado en las leyes secundarias, enfatizando en el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, que no sólo requiere de reglas claras de acción para los operadores, sino de sanciones específicas en caso de omisión.