Brasilia. Miles de agricultores de Brasil protestaron el martes afuera del Congreso para exigir una legislación que acabe con dos décadas de incertidumbre legal sobre la cantidad de selva que deben conservar.

Lo que está en juego es el costo financiero que los agricultores tendrán que enfrentar para proteger o replantar bosques, tras décadas de deforestación ante el veloz avance de las tierras destinadas al agro.

El riesgo es que las nuevas exigencias ambientales puedan afectar la rentabilidad del enorme sector agrícola de Brasil, que se ha beneficiado de los precios en récord de las materias primas que están compensando los crecientes costos.

En virtud de un código forestal de 1965, los ganaderos y agricultores deben mantener un 35% de bosque en la sabana, un 80 por ciento en la Amazonía y un 20% en otros lugares.

Sin embargo, en la práctica hasta un 90% de los agricultores de Brasil no cumplen con la ley.

Bajo la ley actual, los grupos de interés de agricultores estiman que el costo total para reforestar podría llegar a 600.000 millones de reales (US$373.000 millones).

Un decreto que suspendía temporalmente las multas para los que no respetaran el código expira en junio, lo que ha renovado la amenaza de multas y remarca la urgencia de los productores por un marco legal más indulgente.

Los agricultores ahora desean que el Congreso apruebe un nuevo código forestal que suavice algunos de los requisitos ambientales que han estado paralizados en el Congreso por casi un año.

Los agricultores, que se reunieron frente al Congreso en su mayor protesta en al menos una década, manifestaron su enojo por ser tratados como criminales del ambiente.

"Queremos que nos legalicen, de modo que no seamos forajidos, eso es todo", dijo Angela Herholz, que produce soja, maíz y trigo en una plantación de 50 hectáreas en el sureño estado de Paraná y que viajó en bus durante 19 horas junto a otros productores para protestar.

Líderes rurales de todo el país se turnaron frente al micrófono en un escenario montado, instando a los legisladores a aprobar el proyecto de ley con rapidez.