Buenos Aires. Los productores rurales de Argentina profundizarían su presión sobre el gobierno con más protestas si las autoridades no responden a los reclamos de un sector que lanzó una huelga comercial contra las restricciones a las exportaciones de trigo.

El paro en uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos mantiene atentos a los mercados internacionales de granos, como sucedió en el 2008, cuando las protestas de los productores -que arrastran una fuerte pelea con el gobierno- pusieron al país al borde de una crisis por una puja impositiva que parecía nimia.

La medida de fuerza, que se inició el lunes y concluirá en la noche del domingo, se produce nueve meses antes de los comicios en los que la presidenta Cristina Fernández podría buscar su reelección.

Los chacareros piden que se liberen las exportaciones de trigo para no seguir presos de un sistema de cupos que, ante la falta de competencia entre compradores, les impide cobrar el precio de mercado.

Si las demandas no son escuchadas, varios analistas y productores creen que la protesta de los productores, que hace tres años paralizaron por semanas la economía del país con huelgas y cortes de rutas, podría ahondarse.

"Yo creo que hay que continuar con las medidas de protesta. Cuáles son y cómo se instrumentan, vamos a verlo el fin de semana", señaló a Reuters Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro entidades en paro.

Las opciones de las medidas de presión abarcan la continuidad de la huelga comercial, manifestaciones masivas o concentraciones frente a firmas exportadoras de granos, según fuentes del sector.

Otras ideas sugeridas por productores van desde el pago de impuestos con granos hasta arrojar trigo frente a delegaciones del gobierno.

Las autoridades aseguran que con los límites a la exportación busca garantizar el abastecimiento doméstico y contener la elevada inflación en un país donde la cuarta parte de la población es pobre, pero los dirigentes agrarios dicen que esa política sólo favorece a molinos y exportadores.

"Esta es un protesta que recién empieza. Hay que entender que en la zona triguera, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hay gente que no tiene la opción de hacer maíz o soja porque los campos no son aptos, y que dependen del trigo", señaló Enrique Erize, de la consultora Nóvitas.

El líder de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, dijo que miembros de su entidad están conversando sobre "continuar las protestas en las próximas semanas".

Según un estudio de la red de empresas agropecuarias CREA, los productores están percibiendo por el trigo un 21% menos de lo que deberían cobrar una vez descontados los costos de transporte y el impuesto del 23% que pagan las exportaciones del cereal.

"No estamos protestando por cuánto dinero se lleva el Gobierno en impuestos, protestamos por los US$50 (por tonelada) que yo tengo que donar a Cargill ", dijo el productor Santiago Cameron, presidente de la asociación Aaprotrigo.

En el 2008, el conflicto comenzó por una disputa sobre un impuesto que parecía fácil de zanjar, pero la pelea se agravó a lo largo de meses hasta dejar al país al borde de una crisis.

"La respuesta que tiene que dar el gobierno es liberar totalmente las exportaciones de trigo y maíz y eliminar los cupos de exportación", dijo a Reuters Carlos Garetto, presidente de Coninagro, otra de las asociaciones rurales.

Enemigo Político. La disputa se da en el contexto de altos valores internacionales para los granos y de una sequía que va a generar una fuerte caída en la producción de soja y maíz, los dos principales cultivos del país.

Aunque el mercado de futuros de Chicago sigue atentamente el conflicto, la protesta no afectaría por ahora las ventas de Argentina -el primer proveedor mundial de harina y aceite de soja, el segundo de maíz y uno de los principales de trigo- ante las elevadas reservas que tienen los exportadores.

Sin embargo, el panorama podría cambiar si las quejas se radicalizan como en el 2008.

La feroz protesta de ese año hundió la popularidad de la presidenta Cristina Fernández a poco de asumir su mandato, pero hay expertos que señalan que el nuevo enfrentamiento podría ser parte de una estrategia oficial para ganar apoyo de parte de la población que ve con buenos ojos las políticas intervencionistas.

"Este conflicto confirma la decisión del ejecutivo de poner al campo como adversario político", afirmó el analista político Rosendo Fraga, que considera que Fernández busca un rédito político con la disputa. "Era fácil para el Gobierno lograr un acuerdo si quería hacerlo", añadió.

El martes, el ministro de Agricultura de Argentina, Julián Domínguez, intentó calmar los ánimos de los productores, al decir que quería "ser parte de la solución de este paro y no del problema".

Pero el sector está más enojado con Guillermo Moreno, el poderoso secretario de Comercio Interior, famoso por su intransigencia a la hora de negociar, al que acusa por las intervenciones en los mercados.

"Domínguez es comprensivo, pero no es efectivo porque no le permiten serlo, el secretario de Comercio es más poderoso que él", dijo Cameron, de Aaprotrigo.