Buenos Aires. Argentina podría reemplazar su criticado sistema de comercialización de trigo y maíz por un régimen que mantendría los límites a la venta externa pero que obligaría a los exportadores a pagar precios más altos por su materia prima.

La propuesta, que se presentaría en las próximas semanas, fue elaborada por un ente privado del sector de buena relación con el gobierno, el cual ve favorablemente una iniciativa que evitaría que los exportadores y las fábricas controlen los precios de los cereales en perjuicio de los productores.

"Lo que se intenta hacer con este mecanismo es que el exportador tenga que pagar un precio más alto en el mercado interno", explicó Fernando Botta, analista de la consultora Agrobroker.

El mercado de trigo y maíz está regulado por el gobierno, que fija el precio que se debe pagar a los productores y otorga subsidios a los compradores -molinos y productores ganaderos, entre otros- para compensar el elevado valor de los cereales y mantener estables los precios locales de los alimentos.

Pero los agricultores denuncian que las industrias y los exportadores muchas veces no cumplen con el precio estipulado por las autoridades, aprovechándose de la posición dominante que logran con la asignación gradual de cuotas de exportación que realiza el gobierno.

Al otorgarse los permisos de exportación de forma gradual, los productores tienen restringidas las opciones de venta porque casi no existe la competencia entre la industria local y los exportadores.

El nuevo sistema marcaría el final del sistema de cupos de exportación, aunque no anularía las restricciones a las ventas externas.

Además, agilizaría aspectos burocráticos del régimen y evitaría distorsiones en los precios internos con la creación de un ente estatal que actuará como regulador de precios comprando y vendiendo granos en el mercado.

"Lo del fideicomiso (ente estatal) de alguna manera resuelve el tema de la compra de los granos que van para consumo interno", señaló Omar Barchetta, vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), una de las principales agrupaciones de productores del país.

El ente -financiado por el Estado pero administrado por las bolsas de cereales- comprará los granos a los productores y los venderá a los molinos locales a un precio más bajo, como reemplazo de los subsidios que hoy están vigentes y que, según los procesadores, demoran demasiado tiempo en ser pagados.

Argentina es el segundo exportador mundial de maíz y uno de los más importantes de trigo.

En el ciclo 2010/11, Argentina cosechó 15 millones de toneladas de trigo y exportó nueve millones, mientras que produjo 22 millones de toneladas de maíz, de los que 14,5 millones fueron destinados al exterior, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

Visto bueno. El proyecto, elaborado por la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), es analizado actualmente por el sector y luego será enviado al gobierno, por lo que podría ver la luz en las próximas semanas.

"La idea es presentar la propuesta lo antes posible. Y si es posible antes de fin de mes", dijo Edgardo Miranda, encargado de Comercialización de Cereales de AFA, desde Rosario, el mayor centro agroexportador del país.

Bajo el nuevo régimen, las autoridades fijarían un volumen para destinar al abastecimiento interno, en función de las estimaciones oficiales de cosecha de trigo y maíz, que serían publicadas cada año en noviembre y marzo, respectivamente.

El resto podrá ser comerciado libremente por los agricultores, ya sea para exportar o para venta local.

"En gran parte está en línea con lo que es el pensamiento político nuestro, así que me parece que la propuesta debería tener una buena aceptación", explicó a Reuters el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís.

"Lo vamos a elevar a consideración de la presidenta (Cristina Fernández)", agregó el funcionario.

Quejas. Pese a las perspectivas favorables, el proyecto elaborado por AFA no cuenta con la adhesión de algunos importantes actores del mercado argentino.

Una de las cuatro mayores entidades de productores del país se ha pronunciado en contra de la iniciativa y algunos de los exportadores manifestaron reparos.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que reúne a chacareros de todo el país, afirmó en un comunicado que el proyecto es "una trampa para disimular la transferencia del valor del precio desde la producción del trigo a los sectores compradores, molinos y exportadores".