La mala administración para la ampliación de las líneas A, B y H le cuesta a los porteños más de $49 millones (US$10,3 millones) adicionales a los presupuestados, advirtió un informe de la Auditoría General de la Ciudad.

En 2009, durante la primera gestión de Mauricio Macri, se anunció el desfinanciamiento de las obras del subte y se pararon al poco tiempo de haberse contratado e iniciado las mismas.

Para retomar las obras paradas, la administración porteña  reconoció en conceptos de "Mayores Costos" a las empresas constructoras 28.486.487,28 pesos (US$6.020.360) en el caso de la línea A;  9.584.187 para la B; y 11.270.748,74 para la H, totalizando los 49.341.423,02, según consta en el análisis de la Auditoría.

En otro informe presentado en estos días, Rafael Gentili, diputado nacional por la Ciudad, advirtió que “la mala administración y planificación, conlleva demoras en la ejecución de las obras, y por lo tanto mayores costos, que beneficia solamente a las empresas constructoras”.

En ese sentido, precisó que el Poder Ejecutivo porteño, luego de tomar deuda en 2009 por 1.800 millones de pesos (US$380,4 millones) para retomar obras paradas por el mismo Macri de la Línea A, B y H, y en 2010 por otros 1.400 millones, “informó que no podía ejecutar dicho monto”.

“Ni siquiera tenía conformados los pliegos de licitación  para la ampliación de la Línea H y sin embargo realizó el endeudamiento”, destacó el legislador de Proyecto Sur, en un análisis de ocho carillas titulado “Expropiaciones en la Línea H de Subte. Obra Pública con negocios privados”.

Asimismo, señaló que “los fondos se redireccionaron para la  ejecución de obras menores de pasos bajo nivel y pavimento, entre otras”.

Puntualizó que, en el caso de la línea H, “con la excusa de expropiar tierras para la construcción de estaciones, forzando los proyectos de arquitectura e ingeniería, se ponen a disposición valiosas tierras a costa del dinero de los porteños, para negocios inmobiliarios privados”.

Además indicó que “la falta de observancia de la Ley como, en el caso de la 317 que crea la H, con respecto a la ubicación de la Estación Plaza Francia, claramente va a producir demoras y readecuaciones que generarán mayor permanencia y mayores costos, de los cuales solo se beneficia la empresa constructora”.

Remarcó que “en el diseño de las estaciones se prevé la construcción de los accesos en espacios parcelarios de propiedad privada y no su instalación en el espacio público, como históricamente se realizaron, generando perjuicios para vecinos y comerciantes”.

La Ley 3948 sancionada el 6 de octubre de 2011 declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación 14 parcelas que suman 7.308 metros cuadrados, para la ampliación de la traza de la línea H y construcción de las correspondientes estaciones de acceso.

La ampliación contempla la construcción de seis estaciones, de las cuales cuatro, Santa Fe, Córdoba, Sáenz y Pompeya, requieren por su diseño, realizar expropiaciones.

Los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo porteño para justificar el diseño de las bocas de acceso al Subte en parcelas, fueron "priorizar el espacio peatonal de las veredas, las normas de seguridad, y la inconveniencia de seguir ensanchando las veredas quitando circulación" y se decidió "recurrir a predios de propiedad privada, contemplando entre ellos, los de menor impacto social, sea por su acotada superficie o su baja altura".

Sin embargo, Gentili aseguró que “este criterio no se sostiene en el proyecto, ya que todas las estaciones tienen por lo menos dos bocas de acceso sobre la vereda”, y subrayó que “solo se aplica este principio en las esquinas más valiosas en lo comercial y en lo inmobiliario”.

Por ejemplo, los remanentes de las superficie expropiadas para construir la estación Santa Fe, en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón; y la estación Córdoba, en Córdoba y Pueyrredón, “claramente las más valiosas en lo comercial y en lo inmobiliario, pasan a ser administrados por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), pudiéndolos dar en concesión a un privado, un desarrollador inmobiliario que construya y explote comercialmente esos terrenos, incluso los actuales propietarios de los locales a ser expropiados”.

“Esto implica un gran negocio inmobiliario”, alertó Gentili, quien precisó que “con esta medida se afecta en concreto a 30 comercios, algunos con 70 años de antigüedad, y a 20 grupos familiares que desarrollan esa actividad comercial, que emplean a más de 100 empleados”.

Afirmó que “el impacto social comprende las dificultades para reubicar el comercio en cuanto a disponer de una ubicación similar o próxima con las correspondientes habilitaciones, los gastos que implica la reinstalación y volver a alquilar un local y las obligaciones laborales y contractuales”.

Remarcó que “ningún aspecto de los señalados fue tomado en cuenta por el gobierno porteño”, y advirtió que “sin una solución aceptable y viable, los comercios se perderán y las familias que los sostienen y las personas que trabajan en ellos, se verán gravemente perjudicadas”.

Asimismo puntualizó que “muchos propietarios denuncian que las tasaciones del Banco Ciudad son muy inferiores al valor real de las propiedades, con lo cual no estarían dispuestos a aceptar y resistirían legalmente la expropiación, que sin duda tardará mucho tiempo en resolverse”.

“Estos propietarios denuncian que la tasación comprende aproximadamente 30% del valor real”, precisó el legislador.