Buenos Aires. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) salió a advertir los inconvenientes que enfrenta el sector eléctrico a raíz de la decisión de la juez Federal de San Martín, Martina Forns, de frenar el incremento de tarifas dispuesto por el Gobierno nacional.

A través de un comunicado en el que manifiestan una "profunda preocupación por el presente y el futuro del servicio eléctrico", la entidad que nuclea a las distribuidoras de electricidad de todo el país aseguraron que el pronunciamiento de la jueza Forns no tiene competencia sobre los cuadros tarifarios que se encuentran bajo la órbita de las provincias y que en el caso de Edenor y Edesur la medida puede llevar al "quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el sector eléctrico en su conjunto".

La cámara empresaria señaló que "el sector eléctrico nacional conforma un sistema federal en el que cada jurisdicción (Nacional, Provincial y/o Municipal) define de forma independiente la tarifa que debe aplicar la distribuidora de su ámbito de injerencia" y que, por ese motivo, "los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia".

"Más aun cuando estos cuadros tarifarios se establecieron luego de haber cumplido con el proceso de audiencias públicas, u otros procedimientos participativos equivalentes, en el caso de ser exigidos por la legislación aplicable", agregó Adeera.

La entidad también relativizó "la supuesta necesidad de realizar audiencias para el traslado a tarifas del precio mayorista de la energía", uno de los argumentos sostenidos por la justicia para frenar el aumento.

Addera detalló que "la factura que pagan los usuarios del servicio es el resultado de tres ítems: el Precio de la Energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos aplicados sobre los dos primeros".

"El Precio de la Energía es el valor representativo de los costos de generación y  transporte a los centros de consumo y es el valor que las distribuidoras pagan por la energía que adquieren de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) y que trasladan al usuario final. De acuerdo a la legislación vigente, este valor es definido por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, se actualiza cada tres meses y se incluye en la factura sin necesidad de audiencias públicas que lo validen", acotaron en un comunicado de prensa.

También dijeron que "el VAD representa la remuneración que perciben las distribuidoras para hacer frente a los costos de operación, mantenimiento e inversiones en las instalaciones".

Por último señalaron que la decisión de la jueza Forns "afecta directamente al VAD que perciben las distribuidoras Edenor y Edesur, desconociendo ajustes aprobados oportunamente por ley".

El miércoles pasado, luego de que se conociera la decisión de la jueza Federal de San Martín de anular la suba en las tarifas de electricidad, las distribuidoras Edenor y Edesur salieron a advertir que esa decisión iba a afectar la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan.

Edenor manifestó que el freno judicial a los aumentos de la tarifas de electricidad de mantenerse le generará a la compañía un déficit de caja de aproximadamente 7.000 millones de pesos en el año y la pondrá en “situación de disolución y pérdida de su patrimonio”.

Edesur, por su parte, recordó que “la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública”, al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 “sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente”.

“Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65 por ciento de nuestros clientes residenciales pagan menos de 150 pesos por mes”, explicó la empresa distribuidora que tiene a su cargo la provisión de la zona sur del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.