Tegucigalpa. Mientras el presidente, Porfirio Lobo, denunció en consejo de ministros que en 2011 ingresó al país por la vía marítima y de manera irregular un cargamento de 4.000 toneladas de arroz, los empresarios documentan que una cantidad similar del grano básico fue importada libre de impuestos para la merienda escolar.

La reacción a la peculiar denuncia de Lobo ocurrió casi 24 horas después en el marco de un evento auspiciado por el Departamento de Aduanas y el Departamento de Comercio de EE.UU., en el que participaron la embajadora de estadounidense, Lisa Kubiske, varios funcionarios y empresarios.

Señalamientos. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, criticó una importación de 4.017,75 toneladas métricas libres exonerada de impuestos.

El señalamiento lo efectuó Urtecho frente al secretario de Comercio, Francisco Zelaya, quien firmó el acuerdo número 550-2011, según consta en el referido documento publicado en la La Gaceta número 32.632 del 29 de septiembre de 2011.

El texto indica en el segundo considerando que la secretaría de Agricultura y Ganadería ha manifestado la necesidad de importar libre de gravámenes arancelarios 4.017,75 toneladas métricas de arroz pilado clasificado en el inciso arancelario SAC 1006.30.90; 1006.400 en el mes de agosto del presente año -2011-, a fin de atender la merienda escolar y las mesas regionales de seguridad alimentaria enmarcadas en los programas sociales del gobierno de la república.

Mediante el acuerdo se autorizó la importación de 4.017,75 toneladas de arroz pilado del 2 al 31 de agosto de 2011, a fin de atender la merienda escolar y las mesas regionales de seguridad alimentaria enmarcadas dentro de los programas sociales del gobierno de la república, el cual estará exento del derecho arancelario de importación correspondiente.

Además, las importaciones se harán a través de las empresas que en esta oportunidad apoyan la merienda escolar, según sean notificadas oportunamente a la Secretaría de Comercio, que a su vez notificará a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que proceda al registro de las empresas en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras (Sarah).

Con el objetivo de contabilizar los montos de arroz pilado, sigue el texto, la DEI registrará las importaciones realizadas a través del presente acuerdo de manera separada de las efectuadas mediante el contingente acordado en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta), debiendo remitir los informes correspondientes a las secretarías de Comercio y Agricultura a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

La denuncia. Anexada a una nota enviada por los molineros el 20 enero de 2012 a la consejera de asuntos económicos de la embajada de EE.UU., Mary Grace McGeehan, se denuncia que en este caso no se efectuaron con la debida antelación las publicaciones necesarias para hacer del conocimiento público la apertura de dicho contingente de importación.

Con esto, se abre la puerta para que en el futuro se otorguen permisos de importación de arroz pilado u oro de forma discriminatoria, que sin lugar a dudas causarán graves perjuicios a la industria nacional.

En ocasiones anteriores, continúa el texto, ha sido la agroindustria quien mediante contratación pública proporcionó la demanda de arroz para atender los programas de orden social que patrocina la presidencia de la República.

El secretario de Comercio, Francisco Zelaya, expresó que la importación fue legal y que la solicitó la Secretaría de Agricultura.

La Fiscalía General instruyó investigar la denuncia del presidente sobre un contrabando de 4.000 toneladas de arroz.

El mandatario, en Consejo de Ministros, afirmó que en 2011 unas 200 rastras, transportando las 4.000 toneladas de arroz oro, salieron de Puerto Cortés sin que las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) se dieran cuenta.

De oficio la Fiscalía contra la corrupción abrió un expediente para encontrar a los responsables y llevarlos a los tribunales, en caso de encontrar méritos suficientes.

“Habría que abrir una investigación, miraremos las pólizas, si se pagó los impuestos correspondientes”, expresó el fiscal general, Luis Rubí.

Para sustentar el expediente investigativo la Fiscalía espera recibir un informe de la DEI, sobre lo que conoce del asunto.

El fiscal grantizó que de encontrarse una actitud dolosa, constitutiva de delito, el Ministerio Público hará los requerimientos fiscales para interponerlos en los tribunales. Se valorará si hay o no delito, dijo.