La deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el gobierno argentino es hasta hoy un misterio. Según informes de la Cámara de Diputados, que analiza la forma de condicionar las obras del Aña Cua, ronda los US$14.000 millones; mientras que en las fuentes del Ejecutivo lo enmarcan en US$4.496 millones.

Asunción. En nuestra edición de la víspera informábamos que en la Cámara de Diputados analizan medidas legislativas “para condicionar el equipamiento de la hidroeléctrica Yacyretá en la zona de Aña Cua”, que los parlamentarios exigen que antes de avanzar “se negocie con Argentina la deuda de la binacional estimada en US$ 14 mil millones”.

En el balance general de diciembre de 2009 de la EBY, Pág. 49, punto 20.2.1, se menciona que “la deuda novada queda consolidada en US$6.218,8 millones, equivalentes a 350.700 GWh, a entregar al sistema argentino de interconexión (SADI) en 42 cuotas anuales y consecutivas...”.

En la PR/N/N° 2432-1/2011, dirigida el 14 de marzo de este año al presidente de la Cámara de Diputados por el ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Lic. Miguel Ángel López Perito, se refería a la necesidad de “liquidar la deuda de Yacyretá, estimada en aproximadamente US$6.000 millones, con el tesoro argentino, a través de una ingeniería financiera que permita reducir sustancialmente dicha deuda a aproximadamente US$3.000 millones” .

Recientemente, la prensa atribuía al actual director interino paraguayo, Miguel Fulgencio Rodríguez, una cifra coincidente con la que manejan los diputados, US$14 mil millones.

En el llamado preacuerdo técnico de noviembre de 2006, se mencionaba que, al 31 de diciembre de 2005, el pasivo de la EBY con el gobierno argentino trepaba a US$10.885 millones.

Otro análisis rescatado del seno del Poder Ejecutivo, de los estudios de un puñado de especialistas entusiasmados entonces por la consigna de la recuperación de la soberanía energética y también de la revisión de la deuda no solo de Itaipú sino también de Yacyretá, concluyó en que la deuda es de US$4.496 millones.

Incluso pudo conocerse la metodología de cálculo que utilizaron:

1.- El aporte inicial bruto del Tesoro argentino, que al 31 de diciembre de 2008 calculaban en US$7.344 millones.

2.- La EBY pagó varias cuentas en nombre del Gobierno argentino, que en la misma fecha y años calcularon en US$451 millones.

Restada una suma de otra concluían que el aporte inicial neto del gobierno argentino era de US$6.892 millones.

Agregan que Argentina asumió la deuda de acreedores externos (US$ 581 millones y la previsión de la deuda de la ANDE con el Banco Nación Argentina (US$137 millones).

Consideradas las nuevas cifras infieren que el saldo bruto del aporte argentino trepa a US$6.611 millones.

Señala que Argentina, a través de EBISA, dejó de pagar a la EBY US$3.115 millones (según el Anexo C) o US$3.077 millones según la N.R.’92 entre 1994 y 2008.

Luego, el saldo final del pasivo de la EBY con el gobierno argentino, según esa fuente, al 31 de diciembre de 2008, es de US$ 4.496 millones, si se considera el Anexo C, o de US$4.534 millones si se considera el instrumento diplomático de 1992, rechazado por el Legislativo nacional.

En marzo de 2008, la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país, tras un conflictuado examen que practicó en las oficinas centrales de la EBY en Buenos Aires -hasta la fotocopiadora les negaron-, llegó a estas conclusiones:

1.- El origen de la deuda no está demostrado debido a la negativa de la EBY a suministrar toda la documentación necesaria. 2.- La negociación fue inadecuada. 3.- Aceptación de la vigencia de la Nota Reversal de 1992, pese a que fue rechazada por el Congreso Nacional. 4.- El Gobierno argentino suministró recursos a la EBY en calidad de préstamos, cuando debió otorgarlos como aportes, según el Tratado.

En la ocasión apuntaba igualmente que “solo el 8% del total de la deuda contraída con los recursos aportados ... pudieron demostrarse... no han sido ubicados todos los documentos que respalden las operaciones”.

Entonces, gran parte de la deuda que reclama Argentina carece de documentos respaldatorios.

La deuda de la EBY es un asunto de gobierno, nunca de un director interino y de cuatro consejeros.

La deuda de la Entidad Binacional Yacyretá con el gobierno argentino, extraviada hoy en una maraña intrincada de contradicciones, porque, según la fuente que se consulte, las que llamativamente son del propio gobierno, oscila entre US$4.500 millones y US$14.000 millones. 

Recordemos que una enorme porción de este pasivo sufre de contaminación incurable: capitalización de intereses, penalizaciones, corrupción y, para colmo de males, la Nota Reversal de 1992, que impuso a la EBY una tarifa irreal, que la convirtió en una minusválida para honrar sus compromisos. 

El asunto es grave, un gobierno que se precie de patriota nunca podría dejarlo en manos una sola persona, ni de cuatro.