La Office of the Comptroller of the Currency (OCC) del Tesoro de EE.UU., entidad encargada de controlar al sistema financiero de ese país, impuso una sanción monetaria a cinco de los principales ejecutivos del Pacific Nacional Bank (con sede en Miami), propiedad del Banco del Pacífico de Ecuador.

El 23 de marzo de este año, el Banco fue multado con US$7 millones por no haber corregido ciertas deficiencias observadas en sus programas de cumplimiento del Decreto de Sigilo Bancario y Antilavado de Dinero, solicitadas por dicho órgano de control.

A más de la sanción al Banco, ahora se presentan estas sanciones personales a consecuencia de que los ejecutivos supuestamente no realizaron las acciones necesarias para que el Banco cumpliera las solicitudes de la OCC.

Los funcionarios sancionados son Andrés Baquerizo, miembro del directorio del PBN; Ralph Fernández, expresidente del PNB, quienes deberán pagar US$12.500, cada uno. Eduardo Gross, Joaquín Urquiola y José Baloyra, directores del PNB, tuvieron una sanción de US$8.500 cada uno.

Según las comunicaciones que fueron enviadas por la OCC y que constan en la página web de dicho organismo, el PNB está sujeto a la regulación de ese organismo tras la vigencia de la orden de consentimiento (Orden 2005) que suscribió el Banco con la Contraloría el 16 de diciembre del 2005. En lo sucesivo, se firmaron otras dos órdenes en 2009 y 2010.

El Banco del Pacífico Ecuador realizó una capitalización de US$8 millones en el 2010.

La carta enviada a Baquerizo, también presidente del Banco del Pacífico, indica que él era responsable de hacer que el banco acate la Orden 2005, lo cual implica, entre otras cosas, “que el banco desarrolle e implemente un programa de políticas, procedimientos, prácticas y controles internos en concordancia con el Acta Secreta del Banco (BSA, Bank Secrecy Act); adopte e implemente un programa de auditoría BSA y desarrolle un programa de entrenamiento BSA”.

La OCC indicó que durante las evaluaciones del 25 de marzo del 2009 y el 23 de marzo del 2010, la Contraloría halló que el banco no cumplía varios de los requisitos de la Orden 2005. En sus conclusiones del 2009, identificó las deficiencias que provocaba esto y proporcionó al directorio del banco una guía de cómo corregirlas.

En las conclusiones de las evaluaciones del 2010, “la Contraloría no solo halló las mismas deficiencias, sino además nuevas. De acuerdo con la OCC, no se logró la implementación de las acciones necesarias para que el banco cumpla lo establecido en la Orden 2005”.

Según el documento de la sanción, Baquerizo ya debió haber pagado US$6.250 y el resto deberá cancelarlo el 22 de junio del 2011. Deberá cancelar con un cheque certificado o una orden de pago a nombre del Departamento del Tesoro y hacer llegar el documento la OCC.

Los documentos que constan en la web de la OCC indican que los sancionados no pueden realizar declaraciones públicas sobre este particular.