Lima. Autoridades del Perú amenazaron este martes con arrestar a las mujeres embarazadas que marchen contra un proyecto de oro de US$4.800 millones, invocando una ley que sanciona a quien pone en peligro a un feto.

El anuncio generó críticas que ridiculizaron la táctica del gobierno para frenar las protestas antimineras.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, calificó como una medida provocadora que las mujeres embarazadas participen en marchas contra el proyecto Minas Conga de la estadounidense Newmont en la región norteña de Cajamarca, porque ponían en riesgo la salud de sus bebés por nacer.

"Como todos sabemos, el código penal sanciona esto hasta con tres años de pena privativa de la libertad", dijo Jara a la radio local RPP, refiriéndose al delito de exposición al peligro de un concebido.

El presidente Ollanta Humala, un militar retirado que asumió el poder en julio, ha endurecido su postura para encarar las protestas, imponiendo estados de emergencia en dos regiones, lo que fue interpretado por unos como intransigencia y por otros como mano dura necesaria para mantener el orden.

Decenas de mujeres embarazadas marcharon este martes por la ciudad de Cajamarca en contra de Minas Conga, que fue temporalmente suspendido por temores a que su operación contamine las aguas del lugar. Newmont sostiene que su inversión respetará las reglas ambientales.

"En vista a la convocatoria a la marcha el día de hoy (martes) en Cajamarca, hemos hecho coordinaciones con el ministerio público (...) para que adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad del concebido", agregó Jara.

Los comentarios de Jara fueron objeto de burla en las redes sociales y de comentarista de medios de comunicación.

En internet se colgó un vínculo de video que mostraba a la esposa del presidente Humala, Nadine Heredia, hablando en un manifestación política con seis meses de embarazo, cuando ayudaba al ahora mandatario en una de sus campañas.

Perú, un gran productor mundial de metales, es asolado por casi 250 conflictos sociales, muchos de ellos vinculados con la extracción de su riqueza natural en medio de temores ambientales y demandas de mayores beneficios por parte de peruanos que se sienten relegados en medio del auge económico.

Al menos diez personas han muerto en disputas por los recursos naturales desde que Humala asumió el poder en julio.

Unas 174 personas murieron en protestas similares durante el gobierno de su predecesor, Alan García.