El Banco Bicentenario intenta recuperar más Bs.F. 2.000 millones (US$465 millones) acumulados en deudas por parte de las personas jurídicas y naturales del banco público Banfoandes y las entidades intervenidas Confederado, Central Banco Universal y Bolívar Banco, fusionados en esta institución.

Según una lista publicada ayer, a esta entidad bancaria le adeudan cerca de Bs.F. 1.500 millones (US$348 millones) por la cartera vencida y un total Bs.F. 523 millones (US$121,6 millones) en la calificación de "cartera castigada".

Entre las empresas destacadas en la lista figuraron algunas dedicadas a la construcción, proyectos agropecuarios, alimentarios y agrícolas, entre muchas otras.

En el comunicado publicado por el Ministerio de Planificación y Finanzas aparecieron los nombres de los 600 mayores deudores del banco, entre personas naturales y jurídicas, y sus números de cédulas y de RIF también fueron difundidos.

Adicionalmente, la publicación incluyó en detalle los montos expresados en bolívares de lo que deben estas personas y empresas.

La mayoría de las deudas corresponden a personas jurídicas; sin embargo, las naturales también se destacaron, aunque en menor proporción.

Entre las empresas destacadas en la lista figuraron algunas dedicadas a la construcción, proyectos agropecuarios, alimentarios y agrícolas, entre muchas otras.

Lista ilegal. La lista de deudores que se dio a conocer, sin duda, causó molestia entre los señalados. Pero, más allá del disgusto, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, explicó que la medida es "totalmente ilegal".

Dijo que esta publicación viola el artículo 60 de la Constitución Nacional que establece que "toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad y reputación".

"Esto significa que cuando publican a una persona en una lista, sin tener un debido proceso y derecho a la defensa, indicando que es un deudor, están afectando su vida privada, su reputación y sometiéndolo al escarnio público", afirmó el también abogado.

León Parilli agregó que con una publicación de este tipo, cargada de datos personales, se somete a los ciudadanos a un riesgo de integridad física.

"Porque al colocar los montos, saben el nivel económico que tiene la persona", dijo.

También explicó que el mecanismo de pago de deudas para los bancos en procesos de intervención es tardío.

"Lo último que hacen los interventores es llamar a la gente para que pague. Se demoran en el llamado y luego publican una lista diciendo que son morosos, y les cobran intereses", señaló.

No obstante, el presidente del Banco Bicentenario, Darío Baute, dijo ayer que sólo se publicaron números de cédulas y RIF.

"Tenemos que ser agresivos. La gente no quiere pagar", afirmó el funcionario.

Baute indicó que los 600 deudores de la lista publicada representan en promedio 60% de la morosidad del banco.