En medio del revuelo que se armó en Uruguay tras la denuncia del periodista argentino Jorge Lanata respecto a un caso de lavado de activos que se conoció como “la ruta del dinero K”, el Banco Central del Uruguay (BCU) –a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)– solicitó a todos los bancos datos sobre los negocios que hayan realizado con las empresas argentinas denunciadas.

También se pidió a los bancos, públicos y privados, confirmar si las empresas y personas mencionadas en la denuncia de lavado, presentada por dos diputados argentinos, tienen depósitos en el sistema financiero uruguayo.

El requerimiento oficial se concretó el lunes 15, al día siguiente de que se emitió el primer programa de Periodismo para Todos donde con cámaras ocultas un empresario argentino explicó detalles de la maniobra que involucró a Uruguay.

Las fuentes consultadas por El Observador dijeron que antes que llegara el pedido del Banco Central, algunas instituciones, por decisión propia, estaban revisando sus bases de datos para verificar si tienen vínculos comerciales con las sociedades sospechadas. El BCU investiga además a un estudio de profesionales que se especializa en la creación de sociedades.

La información que poseen los bancos es abundante por la cantidad de argentinos que operan con el sistema financiero uruguayo, y porque Argentina figura entre los cinco principales socios comerciales de Uruguay lo que implica un flujo de transacciones importante. De todos modos, la investigación abarca sólo a las empresas y directores mencionados por Lanata.

Fuentes del mercado financiero aseguraron a El Observador que la investigación que pidió el Banco Central es para detectar si hubo algún tipo de maniobra fraudulenta. La fuente dijo también que el BCU sospechó de la venta del campo de Maldonado por US$14 millones.

Esa información de la compra de la estancia “El Entrevero” se conoció públicamente por la cámara oculta que Lanata le realizó al financista Leonardo Fariña y esa parte del audio la difundió el jueves el periodístico En la Mira de VTV. El programa contactó a la inmobiliaria que hizo esa transacción y su propietario, Alejandro Perazzo, que actuó en representación de la parte vendedora, confirmó que el trato se cerró en US$14 millones pero dijo no recordar quién era el comprador. Según inmobiliarias de la zona un campo con esas características tiene un valor de US$4 millones.

Las inmobiliarios, los escribanos, bancos, casas de cambio, rematadores, casinos y casas de venta de antigüedades, están obligados a reportar a la UIAF casos sospechosos de lavado de activos. Las inmobiliarias deben hacerlo cuando detecten algo inusual en negocios de compra-venta que superen los US$15.000. En 2012 no hicieron ningún reporte.

Involucrados. Los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido que presentaron la denuncia por lavado, llegaron este viernes a Montevideo para ratificarla ante la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos, y el fiscal Juan Gómez.

Uruguay es señalado como camino del trasiego de dinero en bolsos tanto en avión como en barco, según lo relató Lázaro Báez, el empresario amigo de Kirchner, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que investigaba cómo se capitalizó su empresa constructora.

Varias de las empresas denunciadas en Argentina figuran con oficinas en Montevideo, aunque podría tratarse de “firmas de papel” que no existen. Según lo comprobó El Observador, las empresas figuran con domicilio en Luis A. de Herrera 1248 pero no aparecen como usuarias del complejo World Trade Center. Lo mismo ocurrió con Reloway Company, que si bien está legalmente inscripta, en el domicilio que aportó vive una familia. Esta semana surgió el elemento nuevo de que parte del dinero se quedó en Uruguay, con la compra del campo de 24 hectáreas en José Ignacio por US$14 millones.

Diputados argentinos ante la jueza. La Justicia especializada en crimen organizado empezará a investigar el presunto lavado luego de recibir este viernes una denuncia de los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes llegaron a Montevideo. La jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez serán los encargados de estudiar la denuncia y decidir si la investigan. En el texto –que también fue entregado a todas las bancadas– los legisladores argentinos presentan una lista de sociedades y directores, supuestamente involucrados en el lavado. También le solicitan al Banco Central que “bloquee” los fondos de esas empresas. Un pedido similar hicieron ante la Justicia de Argentina y la de Suiza. Ocaña afirmó ayer a El Observador que presentan la información para ser investigada pero no se aporta otro tipo de pruebas.

“La denuncia básicamente se refiere a hechos que se produjeron en territorio uruguayo de transporte de dinero en efectivo que provendría de corrupción política en Argentina de la obra pública y una serie de empresas que habrían sido utilizadas. La mayor parte son de origen panameño, pero hay dos empresas que son uruguayas” dijo Ocaña.