Buenos Aires. Los bancos privados en Argentina están cumpliendo a regañadientes la orden del gobierno de abaratar y extender los créditos a empresas, una política que busca reactivar la economía pero que lleva al sector a buscar estrategias para defender su rentabilidad.

La presión sobre los bancos es una más de las políticas intervencionistas que la presidenta Cristina Fernández ha establecido desde que ganó la reelección en octubre, que incluyen un férreo control de cambios, más restricciones a las importaciones y los nuevos requisitos a los créditos bancarios.

Las instituciones financieras de la tercera economía de América Latina prosperaron en los últimos nueve años de auge económico local gracias a créditos al consumo con tasas que superaron una inflación que actualmente se sitúa entre un 20% y un 25% por año.

Pero con una desaceleración brusca de la economía y un panorama de estrechez fiscal, Fernández impuso en julio a los bancos la obligación de prestar unos 15.000 millones de pesos (US$3.300 millones) a empresas hasta fin de año para financiar inversiones en producción.

La mitad de esos préstamos deben estar dirigidos a las más riesgosas pequeñas y medianas empresas (pymes), deben ser a un plazo mínimo de tres años y a una tasa máxima de interés anual del 15%, muy por debajo de la inflación.

"Obligar a un banco a prestar por debajo del valor de mercado impacta en la rentabilidad y luego en la inversión. Se los pone ante un deterioro patrimonial", dijo el economista Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, administrado por el gobierno opositor de Buenos Aires.

Los bancos privados prestaron a empresas unos 35.500 millones de pesos el año pasado. Pero las pymes recibieron sólo un 7%, según datos oficiales.

Los préstamos al sector privado en Argentina representan sólo el 16,4% del Producto Interno Bruto (PIB), una porción similar a la de países como Lesotho y Zambia, según datos de Fitch Ratings. Esto se compara con el 65,5% del PIB en Brasil y de un 90,2% de Chile.

La escasez de crédito bancario dificulta la inversión, lo que se ve agravado por el limitado acceso de empresas argentinas a los mercados de capitales internacionales desde que el país cayó en un masivo incumplimiento de deuda soberana en 2001/2002.

¿Sólo el comienzo? Los banqueros temen que el actual escenario sea sólo el principio y que en un futuro el gobierno imponga más préstamos obligatorios. Si eso ocurre, los beneficios y la solvencia estarían en riesgo.

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, un cercano colaborador de la presidenta Fernández y artífice de la controversial nacionalización de la petrolera YPF, llamó recientemente a los bancos en un discurso público a otorgar créditos a "la mitad de la tasa y el doble de plazo".

El llamado diseminó preocupaciones entre los ejecutivos del sector.

Kicillof afirmó que los bancos cumplen "una función social", la de dar crédito abundante y barato, y que para las instituciones "no puede ser todo negocio financiero".

La disposición del gobierno sobre los préstamos alcanza al 5% de los depósitos de los 20 mayores bancos del país y otras 11 instituciones, pero hay quienes creen que ese nivel podría ser elevado.

"Después van a decir que hay que prestar el 15% del total, después el 20, después a qué empresas. En un contexto de cada vez mayor intervención de la economía, el próximo gran capítulo son los bancos", dijo Sturzenegger.

Funcionarios del área de supervisión del Banco Central están llamando a bancos para pedir celeridad en el desembolso de los créditos a la industria, dijo un alto ejecutivo de un banco extranjero, que habló a Reuters bajo condición de anonimato.

"Están actuando sobre los bancos, llamándolos, apurándolos, para que otorguen los créditos y diciéndoles que si no pueden colocar el cupo pueden tener problemas", dijo el banquero.

Un incumplimiento en los requerimientos de préstamos a las empresas expondría a los bancos a sumarios, apercibimientos, multas y, eventualmente, una quita de licencia para operar.

El Banco Central dijo en julio que los bancos sujetos a las nuevas reglas de crédito tenían una capacidad para prestar de 95.000 millones de pesos.

Hasta principios de septiembre sólo el 11% de los créditos ordenados por el gobierno había sido desembolsado, dijo la mandataria argentina en un discurso.

Joaquín Cottani, economista jefe para América Latina de Citi, declaró que medidas gubernamentales para estimular el crédito pueden ser beneficiosas en algunos casos, pero no en Argentina.

"Como instrumento (la orientación de crédito) no debería ser usado en países con el nivel de inflación que tiene Argentina", aseguró.

"En países donde se trata de evitar un problema de imperfección en los mercados, pero donde las tasas de inflación son bajas, puede justificarse. En Argentina esto trae una distorsión en el sistema financiero", dijo Cottani.

Estrategias de defensa. Muchos bancos están renegociando con sus clientes créditos ya otorgados a tasas más bajas, de modo de cumplir los nuevos requisitos sin correr el riesgo con empresas con las que no tienen relación, con lo que cumplen parcialmente con el objetivo central de la reglamentación oficial.

En consecuencia, algunos bancos hasta podrían aumentar cargos o comisiones para compensar los préstamos a pérdida, lo que castigaría a todos los clientes.

"Los bancos prefieren renegociar créditos con empresas que ya conocen, que tienen un historial de pagos", dijo Sergio Garibian, analista de bancos de Standard & Poor's.

"No van a tratar de otorgar préstamos locamente porque pagarían las consecuencias más adelante, con mayor morosidad y un impacto en su capital", agregó.

La sensación de riesgo crece tan rápidamente entre los banqueros que dos entidades de capitales extranjeros ya han tratado de reducir su exposición a Argentina instando a clientes corporativos a buscarse otro banco, dijeron dos fuentes bancarias bajo condición de anonimato.

"En una medición de 1 a 8 vemos al sistema financiero de Argentina en el nivel 8, el más riesgoso. Brasil, México y Perú están en un nivel 4", dijo a Garibian de Standard & Poor's.

Algunos de los grandes bancos extranjeros que operan en Argentina son Citibank, la unidad local del español BBVA, el BBVA Banco Francés, y el Santander Río, del también español Santander.

Empresarios presionan. Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que en el sector plástico, textil y de comercialización de vehículos los nuevos créditos ya están haciendo efecto. Pero dijo que algunos bancos exigen garantías adicionales.

"Este tipo de créditos tiene que crecer. El gobierno hará todo lo posible para que este 5% (de los depósitos) se cumpla y aumente", advirtió Cornide, un aliado del gobierno.

Carlos Heller, presidente del banco local Credicoop, dijo que está trabajando intensamente para instrumentar los nuevos créditos, aunque reconoció que el proceso era un poco más lento de lo habitual ya que la entidad debía comprobar que el dinero sería usado para financiar la producción.

Ferviente partidario de un Estado con un fuerte papel en el sector, Heller rechazó sin embargo las quejas sobre las garantías.

"No donamos, prestamos con la aspiración que nos la devuelvan. Nuestra responsabilidad de administrar dinero ajeno nos lleva a prestar con garantías razonables", dijo.