Los bancos privados en Uruguay no pierden tiempo y ya están trabajando con sus equipos gerenciales en el diseño de nuevas propuestas y servicios para lanzar al mercado una vez que quede reglamentada la ley de inclusión financiera. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá lista la primera fase de la reglamentación para mediados de este mes, el resto saldrá más adelante.

La normativa traerá aparejado varios cambios en la estructura actual del negocio bancario, en particular para aquellas instituciones que estén dispuestas a brindar el servicio de pago de salarios y jubilaciones sin costo para los usuarios. Esas “cuentas de nómina” no tendrán costo de apertura, mantenimiento ni saldo mínimo. Las consultas de saldo se podrán hacer gratis y habrá hasta cinco extracciones de dinero y ocho transferencias sin costo por mes para el cliente.

“Es claro que si ofrecemos solo ese servicio, el negocio no es atractivo ni rentable para los bancos”, reconoció a El Observador el gerente general del Banco Comercial, Horacio Correge.

En ese sentido, el ejecutivo reveló que su institución está trabajando en los productos “paralelos” y “propuestas diferenciadas” que ofrecerá a los actuales y potenciales nuevos clientes que opten por abrir una cuenta de nómina con la institución. Correge indicó que el abanico de productos que se ofrecerá a los clientes irá desde tarjetas de créditos, préstamos a tasas preferenciales y descuentos de débito, entre otros.

El banco cobrará una tarifa por el uso de estos servicios adicionales, con el objetivo de “rentabilizar” esta unidad de negocio. El responsable de Medios de Pago del BBVA, Aldo Reyes, comentó a El Observador que se está “trabajando en una oferta de valor diferencial para atender la demanda” que se dará una vez que la ley quede operativa. Por otro lado, aseguró que su institución continuará “fortaleciendo” su oferta actual “potenciando el modelo de banca digital”.

Los bancos que pagan salarios por medio de cuentas corrientes y de ahorro a miles de trabajadores perderán el ingreso que, en algunos casos, cobran a las empresas privadas o entes públicos por el pago de esta prestación. La ley de inclusión financiera establece que es el trabajador el que ahora escogerá en qué institución de intermediación financiera o entidad emisora de dinero electrónico pretende cobrar su salario y no la empresa como rige actualmente.

La fuerte competencia que se desatará entre las instituciones privadas y el Banco República una vez que la ley quede operativa se da por descontada. De hecho hace poco más de dos semanas en el marco de un foro por la ley de inclusión financiera el secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavianelli, resaltó las oportunidades de negocios que tendrán los bancos una vez que la ley entre en vigencia, aunque deslizó algunas amenazas y riesgos que deberán enfrentar las instituciones.

Respecto al derecho que tendrá el trabajador de escoger en qué institución quiere percibir sus ingresos, Ottavianelli advirtió que “nos puede llevar a una nueva competencia que denomino ‘efecto AFAP’. Una competencia descarnada entre las instituciones financieras, tratandóse de ‘robar’ los potenciales clientes”, alertó.

Coordinación

Los bancos privados están trabajando en conjunto con las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía en las distintas fases que contemplará la ley de inclusión financiera, comentó Correge. Esta coordinación busca que la implementación de la normativa genere los “menores dolores de cabeza” posible para las instituciones. Uno de los temas a resolver será cómo quedarán las cuentas actuales que las instituciones bancarias tienen abiertas para el pago de salarios y pasividades, que cuentan con distintas prestaciones a las que luego deberán ofrecer las cuentas de nómina. Correge indicó queda cada banco en particular ya está trabajando sobre estos temas.