Aproximadamente, tres millones de personas —unas 600 mil familias en zonas rurales del país— no acceden a la energía eléctrica, carencia que influye en su calidad de vida, revela el estudio del investigador Miguel Fernández, experto en economía ecológica.

El dato está incluido en la investigación “Rol e impacto socioeconómico de las energías renovables en el área rural de Bolivia”, donde Fernández, director de la Plataforma Energética, con sede en la ciudad de Cochabamba, hace un diagnóstico de la problemática energética del país; y concluye con la necesidad de desarrollar energías alternativas o renovables en beneficio de esa población.

Bolivia tiene un potencial de generación eléctrica de 35 mil a 50 mil MW (megavatios), siendo que el consumo del país bordea los mil megavatios.

El Gobierno maneja datos parecidos. De acuerdo a información del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, hasta el 2005, la cobertura de electricidad en el área rural llegaba sólo al 30% de la población, es decir a poco más de un millón de personas, lo que significa que aproximadamente 2,4 millones quedaban sin ese servicio, según cálculo basado en el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que el 2005, 3.371.827 bolivianos vivían en el área rural.

La proyección demográfica del INE para el 2010 señala que ahora viven en el campo 3.504.047 bolivianos. El 70% representa más de 2,4 millones de habitantes.

Para el análisis, sin embargo, habrá que tomar en cuenta el trabajo que ha hecho el Gobierno para aumentar la cobertura de electricidad en el área rural. Por ejemplo, el programa Electricidad para vivir con Dignidad consiguió, el 2009, la instalación de 5.004 conexiones y el 2010 otras 2.696. Además, se adjudicaron 12.325 nuevas conexiones.

De todas formas, el universo que no accede a este servicio, y que en consecuencia ve limitado su desarrollo, es muy grande para un país de 10 millones de habitantes.

“Son tres millones de personas, es decir más de medio millón de familias rurales, que no tienen acceso a energía moderna. Además resulta que también es la gente más pobre del país, por lo que se deduce que la pobreza y falta de energía van juntos”, explicó a La Razón el investigador Fernández.

Según su estudio, “la falta de energía influye directamente en el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso a mejores servicios en salud y educación, y restringe potencialidades productivas de transformación”. Midiendo las Necesidades Básicas Insatisfechas, el estudio concluyó que “el 90,17% de hogares sin energía eléctrica del área rural corresponden a hogares en situación de pobreza extrema (indigencia y marginalidad)”.

También determinó que las familias rurales tienen un acceso limitado a la energía, usando pilas, velas o mecheros, aunque en términos reales, proporcionalmente paga un alto costo por servicios de energía de baja calidad.

“Esta gente, por año, gasta entre US$50 millones y US$120 millones en mercados subterráneos de pilas, velas o mecheros para uso cotidiano”, explicó el investigador, quien considera que esos recursos podrían re-orientarse, con “mecanismos adecuados de gestión”, para ejecutar proyectos de energía renovable que suministren electricidad a las poblaciones aisladas y dispersas, donde en los próximos 5 a 10 años no llegará la electricidad por la red interconectada.

Según su estudio, si se conectara a estas familias con la red eléctrica nacional, el costo sería de al menos US$1.300 por familia, mientras que con US$800 se podrían instalar, de a poco, sistemas con energía solar para que conviertan la luz del sol en electricidad, y cubrir las necesidades básicas que contribuyan a su desarrollo, plantea Fernández.

La energía para el país aumenta. En los últimos cinco años, la electrificación llegó del 36 al 49% de la población rural, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Señala que el país tiene un potencial de generación eléctrica de 35 a 50 mil MW (megavatios), siendo que el consumo del país bordea los mil megavatios.

El Programa de Electricidad para Vivir Bien con Dignidad ha ejecutado hasta el 15 de diciembre Bs 51,1 millones, de los 81,3 millones presupuestados para el 2010. La Plataforma Energética considera que para ejecutar los proyectos alternativos hace falta financiamiento, recursos humanos y políticas de Estado, gobernaciones y alcaldías