El gobierno de Bolivia está acelerando la toma de control de los yacimientos mineros del país, parte de un proceso de nacionalización de los recursos.

El propósito es tratar de aprovechar cuanto antes los altos precios de los metales tras años de demora en la intervención de un sector clave.

El presidente izquierdista Evo Morales -quien desde el 2006 estatizó los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la electricidad- quiere que finalmente este año se apruebe una nueva ley minera, que una comisión de autoridades, empresarios y trabajadores debate ya por un quinquenio.

La nacionalización del sector a través de una reforma legal -que busca devolver al Estado el control de las operaciones mineras, incrementar los ingresos fiscales y dejar un papel subordinado a las empresas privadas como socias en los proyectos- es un mandato de una nueva Constitución firmada por Morales en el 2009.

Pero, mientras Bolivia debate, los precios de la plata han llegado a triplicarse a su mayor nivel en 30 años -aunque luego recortaron sus ganancias-, el plomo ha subido cerca de un 30% y el estaño casi un 70%.

Por ello, el gobierno optó por tomar un atajo. El presidente de la minera estatal Comibol, Héctor Córdova, dijo en una entrevista con Reuters que ya está negociando con las empresas extranjeras el cambio de sus contratos con las nuevas condiciones.

"Comibol ha optado por este camino de negociación inmediata para ganar tiempo e ingresos económicos, porque no puede esperar indefinidamente la nueva ley en la actual coyuntura internacional de mercado", explicó Córdova.

Los comentarios de Córdova se dan días después de que Morales decretó la expropiación de una empresa de transporte de electricidad y de que Argentina tomó el control de la petrolera YPF, dos hechos que generaron críticas y preocupación de los inversores por la intervención de los gobiernos sudamericanos en los negocios.

A diferencia de la nacionalización del sector de hidrocarburos, donde las empresas extranjeras han pasado a ser proveedoras de servicios al Estado, las mineras serán socias con participación minoritaria en las ganancias.

"Es un proceso de reposición del dominio estatal sobre un recurso natural y a la vez de potenciamiento de las capacidades del Estado para realizar por cuenta propia, a mediano plazo, la mayor parte de las actividades de la cadena minera", agregó.

Córdova dijo que cuatro grupos extranjeros que tienen en sus manos más de un 75% de la producción minera local han aceptado renegociar sus contratos para adecuarse anticipadamente a la nueva ley.

"Algunas empresas nos han preguntado qué recibirán a cambio de su aporte en tecnología y capital. Les hemos dicho que recibirán el 45% de las utilidades netas, y por ahí estamos llegando a acuerdos", dijo.

Los nuevos contratos de asociación darán a Comibol una participación mayoritaria, los derechos de comercialización y hasta el 55% de las utilidades de los yacimientos, quedando para los socios privados el resto de las utilidades después de regalías e impuestos.

Actualmente, las empresas privadas que explotan minas en alquiler se quedan con todas las utilidades netas tras pagar regalías de entre un 4 y un 7%, y un impuesto al valor agregado de un 13% sobre el valor bruto, más un tributo a las ganancias de hasta un 37,5%.

Como socios de Comibol, los privados deberán cumplir planes de inversión y manejo de los proyectos, a diferencia de los contratos actuales de alquiler de minas en los que tienen plena libertad de operación.

Córdova dijo que Comibol ya negoció y se apresta a firmar en los próximos días los nuevos contratos con Sinchi Wayra, la filial local de la suiza Glencore que explota las minas de plomo, plata, zinc y estaño de Porco, Colquiri y Bolívar.

Por los nuevos acuerdos, la firma suiza estará 15 años más en esas minas.

Comibol está negociando también con la estadounidense Coeur D'Alene, que explota plata en las faldas del famoso Cerro Rico de Potosí, y lo hará muy pronto con la canadiense Pan American Silver, que apovecha la mina de plata San Vicente.

Córdova dijo que en el caso de San Cristóbal -un yacimiento de plata, zinc y plomo de la japonesa Sumitomo, q ue aporta l a mitad de la producción minera nacional-, la renegociación quedará en manos del Gobierno porque Comibol nunca tuvo participación en ese proyecto.

Con una economía marcada durante siglos por la minería, Bolivia experimentó sucesivamente en las últimas décadas la nacionalización y privatización del sector que fue su mayor fuente de divisas hasta que a fines del siglo pasado comenzó a exportar gas a Brasil y Argentina.

Las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron en el 2011 un récord de US$3.493 millones, el 38% de las ventas externas totales, superadas sólo por el gas.