La participación del Estado boliviano en los futuros contratos mineros se definirá por el capital de operación que dejó la Comibol en las operaciones de riesgo compartido que suscribió con privados o por la inversión de estas últimas en el emprendimiento.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, a tiempo de aclarar que según la Constitución en “ningún caso” la participación del Estado será inferior al 51%.

Para definir esta participación, “vamos a analizar las particularidades de cada uno de los yacimientos. Hay empresas (anteriormente operadas por Comibol) que han sido entregadas a privados con maquinarias y equipos y hay otras que no han tenido esas condiciones. Además, estará la relación en cuanto al capital de operación que proponga la empresa”, explicó.

Según el experto en temas mineros Ramiro Paredes, la definición de la participación estatal en los contratos mineros debe tomar en cuenta -además del análisis de las particularidades de los yacimientos- los niveles de inversión efectuados en los mismos, los costos de producción y los flujos de caja de las empresas operadoras.

“Habría que hacer un estudio económico-financiero sobre la participación que tendría que tener el Estado, porque cada tipo de contrato tiene sus propias características”, señaló.

La elaboración de la nueva ley del sector, que incluirá estos temas, se basa en cuatro proyectos de ley presentados por el Ministerio de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) y la Federación Sindical de Trajabadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y es “consensuada” en el Ministerio de Trabajo.

Las medidas del gobierno en el sector contemplan “la migración de los contratos en alquiler a riesgo compartido, el establecimiento de una mayor participación del Estado en empresas de riesgo compartido y mayores medidas de fiscalización para su manejo administrativo”, dijo Pimentel.

Decisión. Por su parte, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, a través de un comunicado, reiteró su pedido de “recuperar en favor del Estado las empresas que fueron capitalizadas y privatizadas por los gobiernos neoliberales”.

Al respecto, Pimentel reiteró que la “reversión” propuesta por el Ejecutivo queda sin efecto, ya que la medida debía ser acordada con los mineros privados y éstos rechazaron la misma. Sin embargo, el 21 de abril, la autoridad confirmó que el gobierno tiene negociaciones avanzadas con la privada Sinchi Wayra para que las minas otorgadas en arrendamiento Porco y Colquiri pasen a ser operadas en riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Reservas. Ante “el fracaso” del proceso de licitación para construir dos plantas de zinc, el gobierno analiza financiar las mismas con recursos provenientes de las reservas internacionales.

Así lo informó este miércoles el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel. “Como sector minero, vamos a plantear que la próxima negociación -en cuanto a los financiamientos del Estado-esté referida a las plantas de zinc”, anunció.

Según la Memoria Institucional 2010 de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cada planta tiene un costo referencial de US$50 millones y una capacidad inicial de procesamiento de 800.000 toneladas.

“Hasta el momento, hemos planteado (la construcción de ambas plantas) con financiamiento del proveedor. Hemos fracasado y hay que buscar otras alternativas”, sostuvo. La minera estatal lanzó la licitación internacional en dos oportunidades.