La Paz. Así lo informó el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), Carlos Andia, quien aseguró que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) requerirá de mayor personal técnico e infraestructura para atender la demanda de trámites de nacionalización de vehículos indocumentados que se puedan presentar si el Legislativo aprueba el proyecto de ley anunciado.

Según Andia, es muy difícil saber cuántos vehículos ilegales o chutos existen o cuántos habrán ingresado al país a partir del anuncio de la aprobación del proyecto de amnistía para este tipo de motorizados realizada por los senadores del MAS Fidel Surco e Isaac Ávalos.

“Las importaciones de vehículos usados normalmente se hacen a través del contrabando y nosotros no sabemos cuántos están entrando ahora ni la Aduana lo sabe”, afirmó.

Según datos de la CNDA, durante el 2010 se importaron legalmente 118.791 motorizados, entre nuevos y usados, que representaron una recaudación impositiva de Bs 1.289,34 millones.

Mientras, entre enero y abril del 2011, se importaron 35.894 motorizados, que representan una recaudación de Bs 387,68 millones.

La Razón comprobó en una visita realizada el fin de semana a la localidad de Challapata que ha crecido el negocio ilegal de la compra-venta de vehículos chutos. También pudo evidenciar que los motorizados siguen ingresando por la frontera con Chile.

Recaudación. Si la Asamblea no incluye a los despachantes de aduana en el proyecto de Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular para que realicen el trabajo del llenado de la declaración de importación que fija el monto del impuesto y la multa a pagar por un vehículo, el Estado sufrirá una caída en las recaudaciones impositivas, advirtió Andia.

En criterio del ejecutivo de la CNDA, el proyecto de ley que es debatido en la Cámara de Diputados establece que los trámites de nacionalización de los vehículos chutos podrían ser realizados por el propietario, lo que derivaría en errores en el llenado de la declaración de importación que debe ser hecho sobre la base de la tabla que es la base imponible que emitiría la Aduana Nacional.

Esta tabla determina valores para cada uno de los vehículos según el año de fabricación, número de asientos, modelo, tipo de motor y lugar de ensamblaje. Además, dijo que la medida podría causar demoras en los trámites que se realicen en los recintos aduaneros, errores voluntarios e involuntarios en el cálculo del valor de los tributos si no se cuenta con el asesoramiento de un despachante de aduana. Espera que el error sea revertido. “Seguramente va a haber una congestión en los trámites. El trabajo del despachante hace que este proceso sea más rápido”, afirmó.

Estructura del pago de tributos. Según Andia, la alícuota que se pagaría por la nacionalización de los vehículos chutos a la Aduana está compuesto por el Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Consumo Específico (ICE). A este cálculo se deben sumar las multas que se aplicarían según el tipo de motorizado.

El porcentaje de la alícuota que se cancelaría por los vehículos chutos estaría fijado por una tabla que emita la Aduana y que estipula la base imponible para cada vehículo.

Se pagaría al menos un 50% del tributo omitido

Los carros que ingresaron ilegalmente al país y que pretendan ser nacionalizados por sus dueños tendrán que pagar una multa de al menos el 50% del tributo omitido. En el caso de los vehículos a diésel, la multa será del 100%.

Por ejemplo, si un vehículo tiene un valor en tablas de la Aduana de US$4.000, su propietario deberá pagar unos US$2.000 por concepto de impuestos más US$1.000 de multa si es a gasolina. Pero si funciona a diésel, la multa será de $us 2.000. En total, el dueño de un vehículo a gasolina deberá pagar US$3.000 (impuestos y multa) por un coche que vale US$4.000.

La disposición está contenida en el proyecto de Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular, el cual es debatido actualmente en la Cámara de Diputados.

“Los propietarios o poseedores de vehículos automotores a gasolina” deberán pagar “una multa equivalente al 50% del tributo aplicable”, señala el Artículo 3, Parágrafo I de la referida norma. El Parágrafo III indica que “en el caso de vehículos a diésel, la multa aplicable será del 100% del tributo omitido” por el infractor.

El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, Carlos Andia, explicó que si la Asamblea aprueba el referido proyecto de ley, los propietarios de los vehículos indocumentados deberían tomar en cuenta el costo que demandaría la nacionalización y los trámites que deberán realizar. “La Aduana maneja el criterio de que se pone, para liquidar la Declaración Única de Importación, el valor más alto”.

A modo de ejemplo dijo que cuando se importa un vehículo usado proveniente del Japón, por el cual se presenta una factura de US$2.000 y la tabla indica US$3.000, siempre se tomará el valor más alto. El tributo en este caso sería de US$1.300, explicó Alandia.