El Gobierno boliviano comunicará el próximo mes de marzo a Red Eléctrica Española (REE) los resultados de la auditoría solicitada para determinar el pago indemnizatorio por la expropiación en 2012 de una filial de esa compañía.

Así lo anunció este domingo a Efe el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, durante una entrevista en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) en Santiago de Chile.

El ministro aseguró que no conoce cuál es la cifra establecida en esa auditoría y se limitó a hacer una referencia al "precio justo" que reclaman tanto la compañía como el Gobierno español.

"Lo que nos piden es un precio justo, y no hay ningún problema", apuntó.

El Gobierno boliviano no ha tenido ningún encuentro bilateral con las autoridades españolas para tratar este asunto durante la cumbre, según informaron a Efe representantes del país andino.

Sosa explicó que el decreto supremo de nacionalización establecía 180 días hábiles para que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) hiciera las auditorías para hacer la evaluación de las acciones de Transportadora de Electricidad (TdE), filial de REE.

El Estado boliviano contrató a una empresa para realizar esa auditoría, que ya está concluida y que en los próximos días será entregada al ministerio de Hidrocarburos y Energía.

"Tenemos previsto para la primera quincena de marzo reunirnos ya con Red Eléctrica para ver los acercamientos y en base a la evaluación hacer las negociaciones correspondientes para concluir el proceso de nacionalización", anunció.

También está pendiente de resolución el acuerdo de compensación económica por la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola, decretadas inesperadamente por el presidente boliviano, Evo Morales, el pasado 29 de diciembre.

Entre las filiales nacionalizadas figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz (Electropaz) y de Oruro (Elfeo).

Sosa defendió que esta medida era necesaria para "nivelar" las tarifas dentro del departamento de La Paz, ya que, según explicó, en las áreas rurales los precios eran superiores en 150% a los de las zonas urbanas.

En este caso también se ha establecido un plazo de 180 días para fijar el pago compensatorio. "También hemos tenido relaciones muy cordiales con ellos", concluyó Sosa en relación a los representantes de la empresa española.