La Paz. Bolivia dijo este martes que pretende contratar en un plazo de seis meses a una empresa extranjera que sustituirá a la india Jindal Steel and Power para desarrollar el largamente demorado proyecto El Mutún, el primer intento de desarrollo siderúrgico de ese país.

Jindal había confirmado antes este martes su decisión, ya anunciada hace un mes, de dar por terminado el contrato de riesgo compartido que suscribió hace seis años con el Estado boliviano y para invertir US$2.100 millones en el proyecto para explotar la mitad del yacimiento de hierro y producir acero.

El fracaso del proyecto siderúrgico es el tercer tropiezo que sufren inversionistas extranjeros en minería en poco menos de un mes en Bolivia, en un duro golpe para los intentos del presidente izquierdista Evo Morales de atraer capitales al sector.

Morales, quien desde que asumió el gobierno en el 2006 nacionalizó los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la generación eléctrica, enfrentó en el último mes conflictos sociales que lo forzaron a nacionalizar proyectos mineros del grupo suizo Glencore y de la canadiense South American Silver.

El presidente de la minera estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, dijo que el gobierno realizará una nueva licitación en el transcurso del segundo semestre y que confía en que cumplirá su plan de producir acero a partir del año 2014.

"La minería y la siderurgia en El Mutún siguen siendo de la máxima prioridad. El retiro de Jindal nos da la oportunidad de asociarnos con una empresa seria, que tenga capacidad técnica y económica para garantizar el éxito del proyecto", dijo.

Con la salida de Jindal, Bolivia recupera el control de todo el yacimiento El Mutún, ubicado en el extremo sudoriental de ese país, en la frontera con Brasil, cuya reserva total está calculada en unos 40.000 millones de toneladas de hierro, una de las más grandes del mundo.

Desconfianza mutua. Jindal, que tenía el derecho a explotar la mitad de la reserva durante 40 años, justificó la ruptura del contrato argumentando que el gobierno de Bolivia no cumplió con sus obligaciones, especialmente con la provisión de gas natural para el proyecto.

El gigante indio había denunciado también, en un comunicado a principios de mes, que el gobierno había ejercido presiones que "ilegales", como la ejecución de garantías bancarias de inversión y la instauración de un juicio por incumplimiento de contrato a los jefes locales de Jindal.

Al confirmar la ruptura, el ministro de Minería, Mario Virreira, rechazó los argumentos de la firma asiática y afirmó que las dificultades del proyecto se originaron en una supuesta incapacidad económica de Jindal, que no hizo las inversiones programadas.

"Asumieron por voluntad propia la decisión de rescindir el contrato (...) de ninguna manera por alguna presión del gobierno boliviano", dijo el ministro en conferencia de prensa.

Virreira advirtió que La Paz seguirá adelante con un proceso judicial contra Jindal, en tribunales locales, por el fracaso del plan.

La compañía india, por su parte, anunció que buscaría abrir un proceso de arbitraje internacional contra Bolivia.